El mes de agosto ha terminado, al cierre de esta edición y los sueldos del mes de julio del 2020 aún no han sido acreditados a la gran parte de servidores públicos de las instituciones del país. Esto pese a que Andrés Isch, ministro de Trabajo, haya asegurado el 26 de agosto en la Asamblea, ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores: «ojalá el viernes se pueda hacer un pago importante». De las remuneraciones de julio se pagaron USD 205 millones, principalmente al sector de la salud y fuerzas del orden, aseguró Isch.
Este jueves 27 de agosto, se tenía prevista la instalación de la audiencia para resolver la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en contra del Ministerio de Finanzas para exigir el pago de los salarios atrasados de los servidores públicos, pero el juez Carlos Fuentes la suspendió fundamentando su decisión por existencia de más de 500 amicus curiae presentados por personas y organizaciones del país.
Recordemos que en un pronunciamiento oficial de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, del 22 de julio de 2020, exhortó a las instituciones y entidades del sector público al pago inmediato de las remuneraciones de sus empleados, aplicar las acciones necesarias y que la anomalía del retraso de incumplimiento de sus responsabilidades no continúe.
La Defensoría del Pueblo ha desestimado que estos atrasos obedezcan a la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, “sino por una política pública desatinada y sin enfoque de derechos”. Y “con excepción de ciertos sectores como el de seguridad y salud, han sido pagadas con 3 semanas de retraso desde el mes de marzo de 2020”.
En el Magisterio los retrasos no son la excepción dice Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
La corrupción no ha sido desmantelada, todo es un show mediático y nadie está tras las rejas, los dineros no han sido devueltos, son aproximadamente 73 mil millones de dólares que pudieron haber servido para dos años fiscales.
La solidaridad ha sido pedida a los servidores públicos con la ley humanitaria, y la corte constitucional guarda un silencio cómplice con la educación, no nos ha dado respuesta ante la demanda que hemos puesto. Pero fue rápida en pronunciarse en favor de los empresarios. Este es un gobierno de corte neoliberal.
Wilmer Santacruz, Coordinador de la Red de Maestros denuncia que la mayoría de docentes están en categoría «G» es decir su sueldo es un sueldo extremadamente bajo, con los descuentos y las rebajas de ley que tienen los mismos.
Se están violentando los derechos de los trabajadores y el juez nos ha dado la razón, por que la razón no pide fuerza. Seguiremos movilizados y pendientes.
Esto son algunos de los argumentos legales basados en la Constitución de la República y otros estamentos de la estructura Legal y Estatal, al vivir, se sobreentiende, en un Estado de Derecho, los cuales se estarían violentando:
“El artículo 328 de la Constitución de la República, reconoce que la remuneración de las y los trabajadores es un derecho y que su pago será en los plazos convenidos y no podrá ser disminuida ni descontada, salvo autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo a la ley.”
“El artículo 12 del Convenio OIT No. 095, establece que el salario se debe pagar a intervalos regulares y de manera puntual con el objetivo de que la planificación individual y familiar se cumpla, pero, además, garantice la provisión de alimentos y otras necesidades primarias.”
“El artículo 83 del Código del Trabajo establece que: “El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.” De igual forma, la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 106 establece que el pago de remuneraciones se hará por mensualidades o quincenas vencidas.”
“El salario que recibe la y el trabajador, le sirve a él y su familia como medio para adquirir los bienes y servicios necesarios para su subsistencia (alimentos, vestimenta, medicamentos, transporte, vivienda, recreación, etc.) y cumplir sus obligaciones, garantizando así derechos conexos, en especial la vida digna, por esta razón, el Estado debe garantizar el pago de salarios».
Se tiene previsto que esta audiencia se retome el próximo martes 1 de septiembre de 2020, pero esta no es la única querella con el Ministerio de Finanzas. El pasado 24 de agosto la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea resolvió iniciar un proceso de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por incumplimiento en la entrega de recursos a los GAD conforme lo determina la Ley Amazónica.
#URGENTE | La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional iniciará el proceso de juicio político contra el ministro de finanzas Richard Martínez. pic.twitter.com/2jCjY9cPDv
— EcuadorToday (@ecuador_today) August 25, 2020
En redes sociales la ciudadanía se ha expresado bajo el hashtag #MiSueldoMiDerecho y se han aglutinado en la plataforma #TodasLasLuchasSeJuntan con la que realizarán un plantón el miércoles 2 de septiembre en la plataforma gubernamental financiera.
Las y los servidores públicos, el personal de salud y las y los docentes no vivimos de aire. @RichardM_A @Lenin exigimos el pago de nuestros salarios. #MiSueldoMiDerecho @DEFENSORIAEC
— Paulina Arias (@Paulina74682757) August 25, 2020
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, en entrevista para Radio la Poderosa, asegura que con el pago impuntual de las remuneraciones en el sector público se genera discriminación y afectación a los DDHH.
Procurando por que se respeten los derechos adquiridos de los y las trabajadoras, desde esta portal se seguirá dando seguimiento a esta denuncia.
Créditos de la imagen:
• Entrevista al Defensor del Pueblo del autor https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1300429237455908864?s=20 está licenciada como CC0
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