Un estudio analiza cómo las desigualdades configuran escenarios de vulnerabilidad extrema donde los discursos y delitos de odio se replican de forma coordinada.
Por Nora Rodríguez / La Marea
El odio no es un fenómeno aislado ni casual, es una herramienta de control político y social que hoy se expande con fuerza en el Sur Global. La reciente actualización del proyecto crimenesdeodio.info, que recoge y documenta desde 2015 los homicidios y asesinatos motivados por el odio en el Estado español, ha ampliado su mirada hacia el Sur Global para analizar cómo se monitoriza y se combate este fenómeno.
En colaboración con el Institut de las Desigualtats, esta investigación aplica una perspectiva internacional y comparada sobre estos crímenes específicos en catorce países de dos continentes: diez en América (Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay) y cuatro en África (Senegal, Marruecos, Guinea Conakry y Túnez), regiones históricamente marcadas por procesos coloniales y profundas brechas socioeconómicas. Lo que constata esta investigación no es una simple recopilación de cifras, sino un examen de cómo estas desigualdades configuran escenarios de vulnerabilidad extrema donde los discursos y delitos de odio se replican de forma coordinada.
El agujero negro de los datos: el obstáculo de la infradenuncia
El primer y mayor desafío metodológico en este análisis es la existencia de una enorme cifra negra: multitud de delitos que jamás llegan a los registros oficiales debido a que las bases de datos gubernamentales son deficientes o directamente inexistentes. Las razones de este silencio son estructurales y responden a una desconfianza absoluta en las instituciones. Muchas víctimas no denuncian por desconocimiento, por miedo a las represalias, a la estigmatización social o a la propia policía. De hecho, en muchos de los países analizados, acudir a una comisaría a denunciar una agresión implica delatarse ante un Estado que persigue tu propia identidad o tu orientación sexual.
Esta invisibilización se vuelve especialmente sangrienta cuando hablamos de racismo y xenofobia. El informe destaca que la violencia contra personas racializadas, migrantes y minorías étnicas está totalmente normalizada en muchas regiones. Sin embargo, cuando estos crímenes ocurren, las autoridades los tramitan y archivan como delitos comunes. Al no registrar la motivación racial de la agresión, el racismo estructural se vuelve invisible a los ojos del mundo y los agresores gozan de una impunidad garantizada. Este subregistro es una decisión política clara, si un Estado no cuenta sus crímenes de odio, es porque no quiere reconocer que tiene un problema ni poner medios para acabar con ello.
Ante esta inacción estatal, es la sociedad civil organizada y las ONG quienes asumen un monitoreo comunitario fundamental, a menudo como única fuente para la recopilación de datos y su contextualización. Gracias a su labor de base, a menudo en condiciones de extrema precariedad y persecución, estas muertes motivadas por el odio no quedan en el olvido. Debido a esta falta de homogeneidad y estadísticas oficiales, los datos del informe deben interpretarse como una aproximación a la magnitud del fenómeno y no como cifras absolutas.
Realidades jurídicas: del vacío legal a la persecución de Estado
La investigación aborda también el marco jurídico a través de un análisis comparado que revisa tres realidades muy distintas y complejas. En primer lugar, el vacío legal por omisión en aquellos países donde no existe legislación específica. El estudio rastrea cómo la falta de agravantes por odio en los códigos penales deja en una situación de vulnerabilidad absoluta a las víctimas. Si un grupo de personas da una paliza a alguien por su color de piel o su orientación sexual, el sistema lo juzga como una simple pelea callejera o un robo. Se castiga el golpe, pero se esconde la motivación racista o la homofobia. Al no llamarlo por su nombre, el problema deja de existir en los papeles.
En segundo lugar, encontramos países donde sí existe legislación, pero no se aplica correctamente, arrastrando investigaciones poco profundas, falta de presupuesto y mecanismos de denuncia que no funcionan. Aquí se sitúa una de las mayores advertencias del informe: el retroceso en territorios que habían sido referentes históricos de avanzada. Países como Argentina y Uruguay, pioneros en matrimonio igualitario o identidad de género, hoy experimentan un retroceso coordinado bajo una ofensiva reaccionaria que ha recortado ministerios, desmantelado instituciones de derechos humanos y despedido a personal especializado.
Otro ejemplo de esta ofensiva punitiva lo situamos en El Salvador, donde bajo la bandera de la seguridad nacional se utiliza el aparato estatal para invisibilizar y desplazar a las minorías, llegando a considerar a las personas trans bajo los mismos criterios que a las bandas criminales. La ley no garantiza la protección de la vida si el Estado la vacía de contenido o si los propios gobernantes emiten discursos de odio.
En tercer lugar, el informe detalla el peligro por la acción o la criminalización de Estado. Analizamos aquellos códigos penales que hacen exactamente lo contrario a proteger y que persiguen la diversidad con penas de cárcel o incluso la pena de muerte. En países como Senegal (donde la homosexualidad está penada por el artículo 319) o Marruecos (donde el activismo es semiclandestino por las leyes contra el atentado a la moral), estas leyes dan carta blanca a la sociedad para agredir. Si el propio Gobierno te considera un criminal, cualquiera se siente con el derecho de atacarte en la calle con total impunidad. También en países como Túnez o Senegal, la consolidación de discursos nacionalistas y populistas ha instrumentalizado este odio hacia migrantes y el colectivo LGBTIQ+ como herramienta de cohesión política.
Esta investigación también revela una relación directa entre la falta de identidad jurídica y la violencia. Cuando un país no permite cambiar el nombre o el género en el documento de identidad de forma legal, o niega los papeles a los migrantes, los está empujando a la exclusión total. Sin un documento real, no se puede conseguir un trabajo formal, ni alquilar un piso, ni ir al médico de forma segura. Esta falta de derechos básicos condena a las personas a la marginalidad, convirtiéndolas en el blanco más fácil de la violencia. En este ecosistema de hostilidad, las personas trans y de género diverso se llevan la peor parte a nivel global, siendo el blanco prioritario de asesinatos rodeados de una crueldad extrema.
Todo esto se ve amplificado por las redes sociales, plataformas digitales que se han convertido en cajas de resonancia donde los discursos de odio se viralizan sin filtros. Los algoritmos creados para retener al usuario generan cámaras de eco donde los prejuicios se validan constantemente. El ciberacoso, las noticias falsas y la exposición de datos personales (doxing) de activistas son hoy el preludio de desapariciones o asesinatos en el mundo físico. Un relato estigmatizante generado en un país puede, en cuestión de horas, ser adoptado, traducido y adaptado por movimientos afines en otros continentes.
Frente a este panorama, concluimos que documentar y visibilizar estos crímenes ya no es solo un ejercicio de denuncia, sino una estrategia de supervivencia por tres razones clave. Primero, permite romper el aislamiento, conectando las luchas locales con la comunidad internacional. Segundo, ayuda a desmontar la narrativa de la normalidad, quitándole al discurso violento la máscara de opinión para revelar su verdadera naturaleza como violación sistemática de los derechos humanos básicos. Y tercero, resulta indispensable para presionar por la creación de nuevas estrategias que sustituyan a las estructuras institucionales desmanteladas.
La violencia motivada por el prejuicio en las regiones analizadas no responde a brotes de intolerancia espontáneos, sino que es el síntoma visible de un engranaje político profundamente arraigado. El silencio estadístico y la distorsión judicial no solo reflejan una incompetencia administrativa, sino que constituyen una estrategia pasiva de los Estados que permite perpetuar la exclusión y asegurar la impunidad de los agresores. Cuando las instituciones asumen que la seguridad nacional pasa por el señalamiento de las minorías o cuando deciden que investigar el origen de un crimen es un gasto prescindible, se convierten en cómplices de la misma violencia que deberían erradicar.
Frente a una maquinaria reaccionaria que ha sabido globalizar sus herramientas a través de foros internacionales y estrategias compartidas para conseguir reformas legislativas regresivas, la comunidad internacional no puede permanecer como una mera espectadora. No estamos ante crisis locales aisladas, sino ante un laboratorio político transnacional que ensaya el recorte de libertades fundamentales en el Sur Global. La respuesta a esta ofensiva exige entender que la defensa de los derechos humanos ya no puede gestionarse de forma fragmentada ni parcelada. Y es necesario revisar los efectos que los discursos de odio y las políticas excluyentes que se fabrican en el Norte, tienen un grave impacto también en el Sur
Es precisamente en este escenario adverso donde cobra sentido el esfuerzo de los colectivos de base y los activistas sobre el terreno. Su labor va mucho más allá de la recopilación de datos, representa un acto de resistencia frente a la deshumanización y la vulneración de derechos humanos. Registrar una agresión o poner nombre a una víctima es disputarle al poder el relato del sentido común y negarse a aceptar que la dignidad humana dependa de las prioridades del gobierno de turno. Este estudio está concebido como una herramienta para ayudar esa resistencia y articular alianzas más sólidas.
El informe completo se encuentra disponible en la actualización de la web de crímenes de odio (crimenesdeodio.info) y en la página del Institut de les Desigualtats.
Nora Rodríguez es abogada penalista y laboralista, especializada en delitos de odio, género y derechos humanos y autora del informe citado en este artículo.
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