La pregunta 3 de la Consulta Popular plantea lo siguiente:
“En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas.
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?”
Esta propuesta trae como un primer efecto la reducción a un solo asambleísta en varias provincias, lo que afectaría el derecho de participación política de las minorías, la representación de la diversidad social y favorecería a caudillos provinciales, a más de que, el aumento del número de los asambleístas nacionales provendría de Quito y Guayaquil, por estar allí las dirigencias nacionales de los partidos, con lo que se ahondaría el centralismo político y la disparidad mayor de la representación política territorial.
Reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional es en términos generales, al menos desde la perspectiva de la Ciencia Política, disminuir la representatividad del órgano político que, de mejor manera, al menos teóricamente, encarna a la república democrática representativa moderna, con lo que se seguiría acentuando la tendencia autoritaria de concentración del poder político en el ejecutivo, es decir, el hiperpresidencialismo que tanto fue criticado y denunciado en la época de Correa.
En cualquier caso, disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional, no necesariamente implica que se mejore la calidad de sus integrantes, por lo que esta enmienda constitucional pretende recoger votos manipulando el sentimiento de hartazgo ciudadano frente a la politiquería y el desprestigio del órgano legislativo fomentado también por el propio ejecutivo, siendo una tendencia peligrosa deslegitimar al órgano legislativo porque aquello debilita el contrapeso político y la eficacia del control al ejecutivo y la fiscalización.
Y si el problema es el costo presupuestario de los asambleístas, aquello también puede predicarse de la frondosa burocracia asesora del gobierno y de otras funciones del Estado, y, si acaso, con la disminución de la cantidad de asambleístas automáticamente mejoraría la calidad legislativa y de fiscalización, cosa que no es así, entonces más bien se podría derivar hacia un órgano legislativo diminuto frente al fortalecimiento de un superpoder ejecutivo, lo cual abona al autoritarismo.
Una de las tendencias del autoritarismo neofascista es disminuir o anular las competencias y representatividad de los órganos colegiados de representación popular nacional y local, para favorecer la concentración del poder político de órganos de administración ejecutivos con lo que se erosiona cada vez más la democracia representativa y participativa.
El problema de cómo mejorar la calidad de los asambleístas, la producción de leyes y la fiscalización, tiene que ver más bien con la realidad de los partidos políticos y la calidad de actividad política en el Ecuador, más no necesariamente con el número de legisladores, de manera que el tema de la degradación de la política atañe no solo al legislativo, sino al conjunto del sistema político del país y la corrupción reinante en el Estado, eje articulador del dicho sistema, al punto que el desprestigio y la desvalorización de la política, aleja a los ciudadanos de la participación electoral, sumada al hecho de que la dirigencia partidista prefiere colocar gente mediocre y dócil, carentes de formación política, para ser manipulados fácilmente como marionetas incondicionales a la voluntad de los caudillos y gerentes propietarios de partidos y movimientos políticos.
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