Quito, 11 de enero de 2026. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional calificó como procedente el inicio del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y dispuso que el expediente sea remitido a la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde continuará el trámite.
La decisión se tomó con seis votos a favor y una ausencia, luego de que se leyera el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) —de carácter no vinculante— que concluyó que el pedido cumple los requisitos para ser tramitado.
¿De qué se lo acusa?
El proceso es impulsado por legisladores de Revolución Ciudadana, que señalan un presunto incumplimiento de funciones. El caso se conecta con denuncias públicas sobre supuestas presiones desde el entorno de la Judicatura hacia un juez anticorrupción, en un expediente relacionado con un ciudadano serbio señalado como narcotraficante, tema que tomó fuerza tras publicaciones periodísticas y la difusión de audios.
Qué viene ahora
Con la remisión del trámite, la Comisión de Fiscalización deberá iniciar la fase de sustanciación (revisión, convocatoria de comparecencias y evaluación de elementos del caso) antes de elaborar un informe que, de ser aprobado, puede llevar el tema al Pleno.
Por qué importa
Más allá del pulso político, el debate toca el corazón del Estado de derecho: la independencia judicial y la necesidad de que cualquier señal de interferencia sea investigada con debido proceso y transparencia. En un país atravesado por violencias múltiples, esto impacta de forma directa en el acceso a justicia de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y comunidades que enfrentan conflictos territoriales y ambientales: cuando la justicia se percibe capturable, las desigualdades se profundizan.
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