Por: Juan Cuvi
¿Por qué el correísmo cuestiona la validez del testimonio de Santiago Díaz, considerado por el ex movimiento verde-flex como un vulgar delincuente, pero admite a pie juntilla cualquier opinión o versión de un prófugo de la justicia como Rafael Correa? ¿Por qué la explicación de Marcela Aguiñaga para justificar su renuncia al cargo de Prefecta del Guayas luce inverosímil? ¿Por qué Gustavo Petro, presidente de Colombia, incurre en la torpeza de declarar a Jorge Glas como preso político?
Detrás de los tres casos mencionados hay una condición tan obvia como una catedral: la descomposición del sistema judicial. La idea, no infundada, de que la politización de la justicia ha terminado por demoler la institucionalidad democrática del país carcome la confianza ciudadana en las instituciones. Si se puede absolver a un culpable con la misma facilidad con la que se condena a un inocente, toda intervención de la justicia se relativiza. Y cualquier procesado puede argumentar ausencia de imparcialidad en una sentencia. O persecución, como se ha puesto de moda en el ámbito de la política.
La demolición de las instituciones no es un fenómeno exclusivo ni del Ecuador ni de los países pobres. Lo que sucede en el resto del mundo con los disparates y extravagancias de Donald Trump evidencia una lógica destructiva que podría responder a un propósito deliberado. A alguien le conviene el descalabro generalizado.
Acá en nuestro país hay claros beneficiarios de la debacle, no solo de la justicia, sino de toda forma de institucionalidad pública, privada o colectiva. Con cada escándalo de corrupción que se destapa, con cada masacre, con cada negociado que se legitima al calor de las presiones del poder, los grupos dedicados a distintas actividades ilícitas se frotan las manos. Porque la incompetencia del Estado y de la sociedad abre las puertas a la legitimación de otras formas de poder. En concreto, de formas criminales de poder.
La pérdida de confianza ciudadana en las instituciones es el primer paso para el retorno al estado de naturaleza. Mejor dicho, a la ley de la selva. En esas condiciones, la democracia se vuelve un estorbo, al igual que todas las formas del derecho. Cuando el gobierno de los Estados Unidos decide bombardear un país al capricho de su presidente envía al mundo entero un mensaje claro sobre la relatividad de las normas de convivencia global. A partir de esa acción, todo atropello es posible.
¿Qué hay detrás de esta estrategia ramplona y pendenciera de ejercer el poder? Según los entendidos, Donald Trump y su gallada están asegurando gigantescos negocios alrededor de la guerra. Para ello no dudan en violar la ley. En esas condiciones, el planeta estaría asistiendo a la consolidación de un lumpen capitalismo que amenaza con aniquilar todos los derechos posibles. Gana quien pueda acumular riqueza sin el más mínimo respeto por la vida.
La debacle de la justicia antecede a la debacle de la democracia.
Abril 8, 2026
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