Por: Juan Cuvi
No es justo calificar como un fracaso la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro. Más apropiado sería hablar de una iniciativa inviable. Desde un principio.
En efecto, Colombia adolece de una violencia histórica y estructural (congénita, podría decirse) cuya extirpación no puede ser tarea de ningún gobierno. El simple hecho de que en ese país existan expertos dedicados a entender y explicar ese fenómeno (los denominados violentólogos) evidencia la magnitud del problema. Los innumerables intentos alcanzar la paz en las últimas ocho décadas se han estrellado contra una realidad tan compleja como adversa.
Gustavo Petro tenía condiciones únicas para alcanzar el objetivo de pacificar Colombia. Como militante de la exguerrilla del M19, conocía a fondo la implicaciones y detalles de una negociación de paz con el poder de turno. El M19 no solo que alcanzó un acuerdo definitivo con el Estado colombiano, a inicios de los años 80, sino que fue precisamente ese proceso el que abrió las puertas para que Petro llegara a senador y luego allanara su camino al sillón presidencial. Mejores condiciones, imposible.
Pero, al parecer, el equipo encargado de liderar el proceso a nombre del gobierno no calculó el peso y la incidencia política de las economías criminales. La violencia en Colombia, que en un inicio respondió a factores predominantemente políticos y sociales, experimentó una transformación irreversible desde el momento en que el narcotráfico irrumpió como un actor determinante en el funcionamiento de la sociedad. Los carteles de la droga se convirtieron en un poder paralelo al del Estado, a tal grado que lograron penetrar a las propias organizaciones guerrilleras. Poco a poco la lucha insurgente derivó en un jugoso negocio.
En esas condiciones, las gigantescas fortunas que se mueven al calor del narcotráfico y la minería ilegal terminan imponiéndose sobre cualquier deseo o intento por alcanzar mínimos estándares de convivencia social o de racionalización de la economía. Los planes de sustitución de cultivos, por ejemplo, han sido un fracaso por la sencilla razón de que no guardan coherencia con las economías familiares de miles de campesinos. Mientras el negocio de la cocaína sea rentable, los ingresos por cultivar hoja de coca serán infinitamente superiores a los de cualquier otro producto.
Para que estas condiciones de ilegalidad se mantengan, el control territorial es fundamental. Y, en concordancia con esta lógica, la sustitución local o regional del Estado. ¿Cómo pacificar un país donde existen múltiples microestados ilegales a los que es imposible someter? Aquí es donde la voluntad política se estrella contra los poderes de facto, contra estructuras consolidadas luego de décadas de funcionamiento al amparo de la acumulación ilícita de riqueza. ¿Están estas estructuras criminales dispuestas a renunciar a sus beneficios en aras de la paz total?
Gustavo Petro no alcanzó uno de los objetivos centrales de su gobierno. Pero al menos ratificó la idea de que la paz sigue siendo la gran utopía colombiana.
Abril 27, 2026
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