Por Juan Cuvi
La mezcolanza electoral está diseñada para que saquen provecho los grupos de poder que tienen una visión utilitaria de la política. En otras palabras, aquellos grupos que aspiran a hacer negocios con el Estado, que conciben a la administración pública como una agencia de empleo para amigos, parientes y simpatizantes, o que abiertamente van a saquear los fondos públicos. En esos amarres electorales, las organizaciones sociales que tienen una visión de país quedan como llapingacho en ceviche.
Al berenjenal que padece el Ecuador ha contribuido el pragmatismo del gobierno, a través de las autoridades electorales. Supuestamente, el ambiente enrarecido beneficiará a las candidaturas del oficialismo. Por descarte, como se dice en lenguaje informático: frente a las limitaciones impuestas de manera arbitraria a los partidos y movimientos de oposición, los electores no tendrán más opción que votar por los candidatos de ADN.
La ecuación, sin embargo, no luce tan simple ni tan obvia. No solo que el tiro le puede salir al gobierno por la culata, sino que se expone al país a que lleguen a los poderes seccionales las personas menos idóneas, menos preparadas, menos calificadas. Peor aún, personas directamente relacionadas con las mafias del narcotráfico y el crimen organizado.
Tomemos algunos ejemplos. En Guayaquil, los camisetazos, las alianzas contra natura y las traiciones de última hora presentan un panorama electoral que ni la inteligencia electoral puede desentrañar. Teniendo en cuenta que el alcalde de esa ciudad puede ser considerado como el segundo funcionario más importante del país, el desenlace electoral puede terminar en un conflicto catastrófico. Además de las agendas personales y puntuales que están en juego y no se pueden ocultar, la ciudadanía no tiene una mínima idea a propósito del proyecto de ciudad que se pretende construir. No se diga con lo que sucede en Quito.
Los acuerdos de los tres partidos de izquierda formalmente reconocidos (Partido Socialista, Unidad Popular y Packakutik) con el correísmo son, por decir lo menos, desconcertantes. Del lado del correísmo las cosas están claras: quieren volver a la teta del Estado a cualquier precio. Pero a menos que padezcan del síndrome de Estocolmo, no se entiende la decisión de los tres partidos en mención. No solo fueron perseguidos, encarcelados y maltratados por su aliado ocasional, sino que se exponen a una represión más despiadada en el caso hipotético de que el correísmo volviera al poder ejecutivo.
Las explicaciones y justificaciones que están dando a propósito de estos pactos se desvanecen como fantasmas. Que hay que frenar al autoritarismo del régimen, como si el correísmo no fuera igual o peor de autoritario; que hay que propiciar un espacio de convergencia democrática, como si el correísmo no hubiera dinamitado durante diez años cualquier posibilidad de profundizar la democracia en el país; que hay que combatir la corrupción del gobierno, como si el correísmo no fuera de largo el gobierno más corrupto de nuestra historia.
Nada justifica una alianza electoral que proponga combatir los vicios de la política con los mismos vicios que se condena. Peor aún si ello implica renunciar a la construcción de una alternativa realmente democrática.
Agosto 20, 2026
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