El Quid del Asunto.- La proforma presupuestaria del gobierno que se envió a la Asamblea Nacional recortó casi todo el presupuesto para prevención del embarazo adolescente y erradicación de la violencia contra las mujeres. Al momento de esta publicación no se conoce aún si hay alguna modificación a la propuesta presentada.
Para hablar de este tema conversamos con Virginia Gómez de la Torre (feminista y directora de Fundación Desafío) y Rocío Rosero (feminista).
En relación al recorte sobre prevención del embarazo adolescente, Gómez dijo que esto no es una novedad en los últimos 10 o 12 años. “No ha pasado gran cosa sobre la preocupación del Estado frente al embarazo infantil y al embarazo adolescente. En el caso del primero no se logró despenalizar el aborto por casos de violación y tenemos ahora la esperanza (que esto suceda) en la Corte Constitucional”.
Gómez recordó que cuando se eliminó el Plan Familia, la medida fue una buena señal que dio el actual gobierno. Pero, “después de eso no se hizo nada, pensamos que se iba a recuperar el ENIPLA”. Por otra parte, indicó que si bien hay una estrategia de prevención del embarazo adolescente, no existe una estrategia específica para embarazo infantil.
En relación al tema de políticas de erradicación de la violencia contra las mujeres, Rosero trajo a colación que el Plan del Buen Vivir declara la necesidad de convertir este tema en una política de estado. Pero, señaló que no hay recursos y no hay voluntad política para asignar esos recursos ya que existen disposiciones del FMI y del Banco Mundial.
“Hay una aplicación a rajatabla del modelo neoliberal”, subrayó.
Rosero, además, le dijo al ministro de economía que “el plan neoliberal de la prosperidad tampoco será posible si se sigue violentando a las mujeres”.
También agregó que estas medidas contradicen lo estipulado como mandato constitucional: el Estado es un estado de derechos y de justicia. Ella recordó los artículos 340 y 342 que tratan de un sistema de equidad y justicia para lo cual se harán los sistemas especializados de protección de derechos. “La ley de violencia prevé un sistema nacional, descentralizado, especializado para víctimas de violencia. Así como la ley del adulto mayor prevé el suyo para las víctimas en el caso de adultos mayores. Esa es la deuda que tiene el estado ecuatoriano”.
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