No hay dónde perderse: el gobierno de Daniel Noboa se está jugando todo por un modelo de economía empresarial que priorice y optimice los intereses privados. Sus giras internacionales parecen giras de negocios más que iniciativas diplomáticas. Y todavía no conocemos los impactos concretos de todos los acuerdos y convenios que ha suscrito.
El caso de la explotación minera es un claro ejemplo de esta estrategia. En su visita a Canadá, en septiembre de 2024, el presidente Noboa mantuvo reuniones al más alto nivel con inversionistas del sector minero, particularmente con los representantes de Dundee Precious Metal (DPM), la misma empresa que hoy está en el centro de la tormenta a propósito del conflicto en Kimsacocha. Que hoy se esté impulsando contra viento y manera (mejor dicho, contra la Constitución y las consultas populares) la explotación es este páramo del Azuay no es casual. Al parecer, los acuerdos alcanzados en Canadá tienen muchos más alcances y condiciones de lo que podemos imaginar.
Luego de la reunión con las autoridades ecuatorianas, la ofensiva de esta empresa minera canadiense no se hizo esperar. Consiguió del Ministerio de Ambiente (MAATE) la concesión para la explotación, pasándose por encima de los resultados de las consultas populares de Cuenca y de Girón; ha ejercido presión sobre los jueces locales a fin de revertir las acciones de protección que limitan la intervención en la mina; ahora ha desplegado una intensa campaña publicitaria para desmentir los impactos negativos de su proyecto, a pesar de que existen varios informes calificados que han sido contundentes a propósito de los daños ambientales que se generarán (incluso, la empresa llegó a colocar una valla publicitaria en una calle de Cuenca promocionando su proyecto, en un acto de abierta provocación a la ciudadanía y a las autoridades de la ciudad). En esta ofensiva, DPM ha contado con la aquiescencia y la vista gorda del gobierno ecuatoriano.
Es en este contexto que toca analizar la convocatoria a una consulta popular en diciembre de este año. El objetivo principal de esta iniciativa apunta a conseguir un paraguas jurídico que otorgue formalidad jurídica a las acciones de hecho. Por más autoritario que sea un gobierno, siempre necesita cuidarse las espaldas, sobre todo frente a las eventualidades futuras. Daniel Noboa ha tomada algunas decisiones de facto que le podrían acarrear problemas legales, sobre todo en materia constitucional. Quitarse de en medio el estorbo que le significa la Corte Constitucional puede entenderse desde esta visión.
Y aquí es donde el gobierno cae en el mismo saco de la informalidad que caracteriza a las élites económicas del país. No respetan ni siquiera la institucionalidad del propio sistema. Buscan beneficios sin cumplir obligaciones. En el fondo, son devotas de la informalidad: quieren que el capitalismo sea lo más guacharnaco posible.
Agosto 27, 2025
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