El Concejo Municipal de Guayaquil conformó este 16 de abril de 2026 la Comisión de Mesa, instancia clave que evaluará tres denuncias presentadas para una eventual remoción del alcalde Aquiles Álvarez. La resolución fue aprobada por mayoría en el pleno del Concejo Cantonal.
La comisión quedó integrada por los concejales Arturo Escala, Terry Álvarez y Ana Fuentes, y tendrá la responsabilidad de calificar las denuncias y verificar si cumplen con los requisitos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Entre los argumentos presentados en las solicitudes consta un presunto incumplimiento de plazos legales, particularmente tras el fin de la licencia solicitada por Álvarez el pasado 26 de marzo. El alcalde enfrenta actualmente un proceso judicial y cumple prisión preventiva en el centro de privación de libertad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
En este contexto, el Concejo ratificó la continuidad de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante, mientras se define la situación administrativa del titular del cargo.
Procedimiento legal en curso
Según el artículo 336 del COOTAD, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia de remoción contra una autoridad de elección popular, siempre que esté debidamente sustentada. Una vez ingresada, la Secretaría del municipio debe remitirla a la Comisión de Mesa en un plazo de dos días.
Posteriormente, la comisión dispone de cinco días para calificar la denuncia. De ser admitida, se abre una etapa probatoria donde las partes presentan sus argumentos y evidencias. Finalmente, el organismo emite un informe con una recomendación al Concejo Cantonal.
La decisión final corresponde al pleno del Concejo, que deberá resolver con el voto favorable de dos tercios de sus integrantes, conforme establece la normativa vigente.
Contexto político y administrativo
Este proceso se desarrolla en un escenario de incertidumbre institucional en Guayaquil, donde la situación judicial del alcalde ha generado debate sobre la continuidad en el ejercicio del cargo y los mecanismos legales para garantizar la gobernabilidad local.
Diversos análisis coinciden en que el caso podría sentar un precedente sobre la aplicación del COOTAD en situaciones de ausencia prolongada de autoridades electas, en medio de tensiones entre lo administrativo, lo legal y lo político.
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