Cuenca, Ecuador. Ocho años después del inicio del proceso judicial relacionado con el proyecto minero Río Blanco, la Corte Constitucional del Ecuador emitió su sentencia definitiva dentro del caso 2546-18-EP, rechazando la acción extraordinaria de protección presentada por el entonces Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Procuraduría General del Estado.
La decisión, adoptada el 4 de mayo de 2026, ratifica las sentencias emitidas en 2018 por la justicia ordinaria, que habían determinado la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades de la parroquia Molleturo, en la provincia del Azuay, dentro del conflicto generado por el proyecto minero Río Blanco.
El caso se remonta a mayo de 2018, cuando habitantes de Molleturo, junto a organizaciones indígenas y campesinas, interpusieron una acción constitucional argumentando que el proyecto minero avanzó sin que se realizara un proceso adecuado de consulta previa a las comunidades potencialmente afectadas. La Unidad Judicial Civil de Cuenca aceptó la acción y ordenó la suspensión de las actividades de explotación minera, decisión que posteriormente fue confirmada por la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
En su reciente sentencia, la Corte Constitucional concluyó que las decisiones judiciales de primera y segunda instancia estuvieron suficientemente motivadas y que no se vulneraron los derechos alegados por las entidades estatales. Por ello, resolvió desestimar la acción extraordinaria de protección y mantener vigente el fallo que reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa.
La resolución pone fin a uno de los litigios socioambientales más emblemáticos del país, relacionado con la actividad minera en el Macizo del Cajas y la parroquia Molleturo, territorio donde comunidades y organizaciones sociales han mantenido durante años una defensa activa de las fuentes hídricas, los ecosistemas de alta montaña y los derechos colectivos.
La sentencia fue aprobada por mayoría de siete jueces constitucionales, con un voto salvado.
Dato clave: La acción extraordinaria presentada por el Estado fue interpuesta en septiembre de 2018. La decisión definitiva de la Corte Constitucional se conoció en mayo de 2026, casi ocho años después del inicio del proceso judicial.
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