El gremio de docentes planteó al Gobierno revisar los beneficios tributarios de los sectores de mayores ingresos y propuso movilizar USD 2.000 millones de las reservas internacionales para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) solicitó al Gobierno de Daniel Noboa que los recursos provenientes de nuevos acuerdos de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sean destinados prioritariamente a salud, educación, reactivación del agro y atención de las comunidades afectadas por el fenómeno de El Niño.
El planteamiento consta en un oficio enviado el 11 de noviembre al presidente Daniel Noboa y al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Cordovez.
En el documento, la organización señala que Ecuador alcanzó acuerdos técnicos con el FMI que podrían permitir el acceso a aproximadamente USD 1.090 millones: USD 380 millones correspondientes al programa vigente y otros USD 710 millones mediante un mecanismo de resiliencia y sostenibilidad. La UNE recuerda que la aprobación y el desembolso de esos recursos dependen todavía de las decisiones del Directorio del organismo y de las condiciones establecidas para cada operación.
El gremio cuestiona que el país continúe recurriendo al endeudamiento externo mientras mantiene un elevado nivel de gasto tributario. Según las cifras citadas por la organización, para 2027 se proyectan USD 7.905,89 millones en ingresos que el Estado dejaría de percibir mediante exoneraciones, deducciones y otros incentivos tributarios.
La UNE aclara que su cuestionamiento no está dirigido a los beneficios relacionados con pequeñas tiendas, medicamentos o productos de primera necesidad. Su propuesta apunta a revisar las exenciones que favorecen a contribuyentes de alta capacidad económica cuando no exista evidencia suficiente de sus efectos positivos sobre el empleo, la producción o la inversión.
Como respaldo de su posición, la organización cita el informe Estimación del gasto tributario año 2025, incorporado como anexo de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2027. Según esos datos, el gasto tributario relacionado con el impuesto a la renta de sociedades alcanzó USD 700,78 millones, mientras que el correspondiente al decil de personas naturales de mayores ingresos llegó a USD 813,97 millones.
Ambos rubros suman, según el cálculo realizado por la UNE, USD 1.514,75 millones.
El gremio también señala que el 10 % de personas naturales de mayores ingresos concentró el 77,2 % del gasto tributario correspondiente a este grupo, mientras que el 70 % de menores ingresos recibió apenas el 2,8 %.
Tres propuestas al Gobierno
A partir de estas cifras, la UNE presentó tres planteamientos.
El primero es que los recursos provenientes del FMI se destinen a medicamentos, hospitales, infraestructura educativa, sistemas de riego, asistencia técnica y apoyo a pequeños y medianos productores. La organización también demanda que el Gobierno publique las condiciones de las operaciones crediticias, las asignaciones previstas, los plazos y los resultados esperados.
La segunda propuesta consiste en revisar los beneficios tributarios y transparentar quiénes son sus beneficiarios, cuánto representan para el Estado y qué resultados producen en materia de empleo e inversión. La UNE plantea eliminar aquellos incentivos que, a su criterio, no tengan una justificación social o económica suficiente, manteniendo las protecciones vinculadas con necesidades básicas y sectores vulnerables.
Finalmente, el gremio propone movilizar USD 2.000 millones de las reservas internacionales para financiar un plan extraordinario frente a los efectos del fenómeno de El Niño.
De acuerdo con el documento, las reservas internacionales registradas por el Banco Central del Ecuador alcanzaban USD 11.596,2 millones al 6 de noviembre de 2026. La UNE sostiene que parte de esos recursos podría utilizarse mediante mecanismos “legal y técnicamente viables” que, al mismo tiempo, preserven la liquidez y la estabilidad de la dolarización.
La propuesta contempla destinar recursos a la rehabilitación de escuelas y hospitales, recuperación de carreteras, puentes y sistemas de riego, así como al apoyo de comunidades y productores afectados.
Para la organización docente, la discusión sobre el financiamiento público no debería limitarse a la contratación de nueva deuda. La UNE plantea que el Estado revise también la estructura de beneficios tributarios y la distribución de los recursos públicos bajo un criterio de mayor contribución de quienes poseen mayor capacidad económica.
“La deuda social no puede seguir postergándose mientras se mantienen beneficios injustificados y aumenta la dependencia de los acreedores”, sostiene el gremio en el documento remitido al Ejecutivo.
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