Por Carlo Vercellone y Andrea Fumagalli*
La crisis sanitaria que trastorna a Europa y a la economía mundial no es, a pesar de su carácter aparentemente accidental, un choc exógeno, sino el signo de una crisis sistémica de la lógica productivista del capitalismo contemporáneo y de su regulación neoliberal basada en el tríptico: mercantilización, privatización, corporativización. Muestra la incompatibilidad estructural de este modo de acumulación con las condiciones mismas de la reproducción de la sociedad, ya sea los equilibrios ecológicos del planeta o la devastación de las producciones de lo humano a través del humano (sistema de salud, trabajo asistencial, educación, investigación) que constituyen los cimientos materiales de una economía basada en el conocimiento. En su dramaticidad, la crisis actual revela toda la miseria del presente, pero también la riqueza de posibilidades inherentes a la bifurcación histórica a la que nos enfrentamos. Esto requiere que pensemos no sólo en políticas a corto plazo para contrarrestar la espiral que llevaría del colapso de la producción y los ingresos al colapso del sistema financiero, sino también en reformas estructurales que podrían abrir el camino a otro modelo de organización de la economía y la sociedad. Las cuestiones fundamentales de la economía política se vuelven a poner así sobre la mesa de la deliberación democrática: ¿qué y cómo producir? ¿Para satisfacer qué necesidades? ¿Sobre la base de qué reglas de distribución de los ingresos entre los individuos y las clases sociales?
Es en este contexto que se inscribe y retoma su fuerza el debate sobre la propuesta de una Renta social básica incondicional(Rsbi), concebida como un instrumento de transición hacia un modelo alternativo y no como un fin en sí mismo (a menudo hay confusión a este respecto).
1. La Rsbi como herramienta para la extensión de las instituciones colectivas del Estado de Bienestar y la transición de un modelo de precariedad a un modelo de movilidad elegida
El primer pilar consiste en la integración de la Rsbi en una perspectiva de fortalecimiento del proceso de resocialización de la economía iniciado después de la guerra y continuado durante la gran ola de transformación social de los años 70, a partir de los logros relacionados con la reforma de Basaglia, el Sistema Nacional de Salud, un sistema avanzado de pensiones, el derecho laboral, etc. Que quede muy claro: en nuestro enfoque, la Rsbi no está destinada en modo alguno a sustituir las instituciones clave del Estado de Bienestar (pensiones, sistema de salud, sistema educativo, subsidios de desempleo), que ya han sido profundamente desguazadas por las políticas neoliberales de austeridad. Nos proponemos revitalizarlos y adaptarlos a las nuevas formas de trabajo dependiente (directo y heterodoxo) y autónomo, que ahora están excluidas (la mayoría de los trabajadores precarios no tienen acceso a ningún amortiguador social en vigor). Los complementaría con un dispositivo unido al estatus mismo de la precariedad de la fuerza de trabajo en una economía capitalista: el estatus social que, para la mayoría de la población, hace del trabajo asalariado la condición exclusiva de acceso a un ingreso monetario dependiente de las previsiones de los capitalistas en cuanto al volumen de producción y, por tanto, de empleabilidad en función de la rentabilidad. La reforma de la Rsbi atenuaría así la asimetría fundamental que, en la economía capitalista de mercado, establece la división entre el capital y el trabajo, es decir, entre los que no tienen acceso a la moneda sino mediante la venta de su fuerza de trabajo y los que pueden acceder a ella en virtud de la propiedad de los medios de producción y el control de las instituciones que detentan el poder de la creación monetaria.
La Rsbi, al generalizar a toda la población la posibilidad de un ingreso disociado del trabajo, constituiría un primer paso hacia la socialización de la moneda como bien común de la colectividad. Esta es, además –a pesar de la evidente ineficacia de las políticas de quantitative easing del BCE–, la razón principal y esencialmente ideológica de la diferencia con la propuesta de una «moneda helicóptero» distribuida directamente al conjunto de la población. La financiación monetaria, junto con otros mecanismos capaces de afectar a la distribución primaria de los ingresos a expensas de las rentas y los beneficios, sería un primer paso hacia el establecimiento de un Rsbi de un nivel sustancial e independiente del empleo. En esta perspectiva, el papel de la Rsbi consistiría en reforzar la libertad efectiva de elección de la fuerza de trabajo, afectando las condiciones en las que, como Marx señaló irónicamente en el Libro I de El Capital, su propietario no sólo es libre de venderla, sino que también y sobre todo está obligado a hacerlo. Además, el carácter incondicional e individual de la Rsbi aumentaría el grado de autonomía de los individuos con respecto a los dispositivos tradicionales de protección social que todavía se centran en la familia patriarcal y en una figura de trabajo estable que ha perdido su centralidad histórica. Por último, pero no por ello menos importante, permitiría ejercer uno de los derechos fundamentales en materia económica: el derecho no al trabajo sino a la elección del trabajo.
De este concepto se derivan dos corolarios esenciales para definir la transformación socioeconómica de la cual la Rsbi podría ser el vector que rompa con la precariedad y el híper-productivismo inherentes a la lógica neoliberal. En primer lugar, favorecería la transición a un modelo de movilidad elegida a expensas del actual modelo de movilidad sufrida en forma de precariedad. Para lograr este objetivo, la cuantía monetaria del RBI debería ser lo suficientemente elevada como para permitir el rechazo, por parte de quien trabaja, de las condiciones de trabajo que se consideren económica y éticamente inaceptables (idealmente la mitad del salario medio).
En segundo lugar, el Rsbi permitiría una reducción efectiva del tiempo de trabajo. En efecto, la garantía de continuidad de los ingresos permitiría a todos gestionar las transiciones entre las diferentes formas de trabajo y actividades reduciendo el tiempo de trabajo a lo largo de toda la vida de manera más eficaz que mediante una reducción uniforme del tiempo de trabajo durante la semana laboral. Las formas clásicas de reducción del tiempo de trabajo, como también lo demuestra el ejemplo de las 35 horas semanales en Francia son, en realidad, cada vez menos eficaces en un contexto en el que, para una parte creciente de la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo semanal ya no es un criterio de medición fiable, en tanto las fronteras tradicionales entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, la producción y el consumo, se están volviendo cada vez más lábiles.
2. Mutaciones del trabajo y Rsbi como ingreso primario
El segundo pilar de nuestra concepción consiste en afirmar que la Rsbi no debe ser pensada como una forma asistencial (como la actual renta de ciudadanía en Italia o la RSA en Francia) o incluso vinculada a la redistribución del ingreso. El Rsbi debe pensarse y establecerse como un ingreso primario, es decir, vinculado a una contribución social productiva que hoy en día no se paga ni se reconoce. Contrariamente a los enfoques de automatización algorítmica que profetizan por enésima vez el fin del trabajo, la crisis de la norma fordista del trabajo está lejos de significar una crisis del trabajo como fuente de producción de valor o riqueza (no mercantil). Al contrario. El capitalismo bio-cognitivo no sólo es una economía intensiva en el uso del conocimiento y de las relaciones sociales, sino que constituye, al mismo tiempo, y tal vez incluso más que el capitalismo industrial, una economía intensiva en el trabajo. En el capitalismo contemporáneo, la fuerza productiva del trabajo tiene una dimensión cada vez más colectiva y a menudo elude los criterios de medición oficiales, tanto en lo que respecta al tiempo de trabajo real como a la multiplicación de tipos de actividades que no pueden asimilarse a las formas canónicas de trabajo asalariado. El resultado es una crisis de la representación convencional del trabajo y del «régimen temporal» que en la época fordista oponía rígidamente el tiempo de trabajo directo, realizado durante las horas de trabajo oficiales y considerado como el único tiempo productivo, a otros tiempos sociales dedicados a la reproducción de la fuerza de trabajo, considerados como improductivos.
Tres evoluciones principales muestran el alcance y lo que está en juego de esta transformación.
2.1. La centralidad del llamado capital humano y los servicios colectivos del Estado de Bienestar…
Según una tendencia a menudo evocada por los teóricos de la nueva economía basada en el conocimiento, ésta habría encontrado su origen en la dinámica histórica que vio a la parte del capital denominada “intangible” (educación, formación, salud, I+D) superar aquella otra parte del capital material y representar hoy el principal factor de crecimiento e innovación. Ahora bien, este hecho estilizado tiene al menos dos significados que son indispensables para comprender la justificación teórica de la Rsbi, tanto como el origen de la crisis actual.
La primera es que la parte más sustancial de este capital intangible está, en realidad, incorporado esencialmente en las personas (el llamado capital humano), es decir, en una intelectualidad o inteligencia colectiva generalizada. Esto significa que las condiciones de reproducción y formación de la fuerza de trabajo se han vuelto directamente productivas y que la fuente de la riqueza de las naciones radica en los factores colectivos de productividad e innovación previos al sistema empresarial: el nivel general de formación de la fuerza de trabajo, la densidad de sus interacciones en un territorio, la calidad de los servicios del Welfare y de las infraestructuras informacionales, y de investigación. Encontramos aquí, en este nivel macroeconómico, una primera justificación de la Rsbi como renta primaria vinculada a la productividad social que vuelve caduco cualquier intento de establecer una correspondencia entre la remuneración y la medida de la contribución individual a la producción, entre el derecho a la renta y el trabajo.
El segundo significado –omitido sistemáticamente por los economistas mainstream– también tiene una importante implicancia para comprender los orígenes y los intereses de la crisis actual. Una parte esencial de la producción del llamado capital humano e intangible depende, de hecho, de los servicios sociales históricamente asegurados por el Estado de Bienestar. Son, entonces, estos sectores los motores de la economía fundada en el conocimiento de los que se alimenta el nuevo capitalismo, y ello tanto desde el punto de vista de la producción como de la demanda social. Todos estos factores, y los propios intereses materiales que suscitan, permiten explicar la extraordinaria presión ejercida por el capital para privatizar o, en todo caso, someter a su racionalidad los servicios sociales del Welfare State introduciendo, por ejemplo, en el espíritu de la New Public Management, la lógica de la competencia, de la Lean production y del resultado cuantificado, preludio de la afirmación pura y simple de la lógica del valor y de la ganancia. La llamada crisis de la deuda soberana ha sido el pretexto para acelerar estas tendencias. Tenemos aquí probablemente una de las explicaciones más lógicas de la irracionalidad macroeconómica y social de las políticas de austeridad exigidas por los mercados financieros y la UE, políticas que han conducido a la degradación progresiva de los sistemas de salud pública, educación e investigación, creando una escasez artificial de recursos que es, en gran medida, responsable de la gravedad de la crisis sanitaria del coronavirus. Se ve cuán irreconciliables son la lógica del capitalismo bio-cognitivo y neoliberal con una economía basada en el conocimiento y la producción de lo humano a través de lo humano. Sin embargo, también nos muestra el desarrollo de un modelo alternativo que convertiría esos recursos en bienes comunes inalienables, provistos por fuera de una lógica de mercado y gestionados según principios democráticos por la comunidad de trabajadores y usuarios.
2.2 El desmoronamiento de los límites entre el trabajo y el ocio y la expansión de nuevas formas de trabajo productivo de plusvalor
La segunda evolución se refiere al modo en que el desarrollo conjunto de la revolución digital y la dimensión cognitiva del trabajo ha desestabilizado profundamente la unidad de tiempo y lugar de desempeño laboral propia de la relación salarial fordista. En este contexto, el tiempo de trabajo dedicado directamente a una actividad productiva durante las horas de trabajo oficiales es, en la mayoría de los casos, una fracción del tiempo social de producción. A su vez, las actividades que crean valor y riqueza adoptan nuevas formas que las normas tradicionales de representación del trabajo no logran identificar y medir (lo que a menudo las priva de cualquier forma de reconocimiento y validación económica y social).
Varios elementos ilustran estos cambios y las contradicciones resultantes. En primer lugar, por su propia naturaleza, el trabajo cognitivo se presenta como la compleja combinación de reflexiones, comunicación, intercambio relacional de conocimientos que tienen lugar tanto dentro como fuera de las empresas y de los horarios de trabajo contractuales. Como resultado, los límites tradicionales entre el trabajo y el no trabajo se vuelven borrosos, y esto ocurre a través de una dinámica contradictoria. El tiempo de ocio ya no se reduce a la función catártica de reproducir el potencial energético de la fuerza de trabajo, y la reproducción de la fuerza de trabajo actual ya no sólo tiene lugar en el seno de la familia, sino que adquiere cada vez más connotaciones sociales.
En referencia al rol femenino, la reproducción social cumple las funciones de «ama de casa del capital», como nos recuerda Cristina Morini. De hecho, se articula cada vez más en actividades de formación, de auto-valorización, de trabajo voluntario en las redes de la economía social y de las comunidades de intercambio de conocimientos que atraviesan las diferentes actividades humanas. Se trata de actividades en las que cada individuo transporta sus conocimientos de un tiempo social a otro, aumentando el valor de la utilización individual y colectiva de la fuerza de trabajo, que –rebus sic stantibus– el capital es capaz de traducir en valor de cambio y/o valor financiero. La tendencia intrínseca del trabajo cognitivo a hacer porosas las fronteras entre el trabajo y el no trabajo también se multiplica con la revolución informática. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debilitan considerablemente las limitaciones espaciales, temporales y técnicas propias del desempeño del trabajo y el uso de los medios de producción en la era fordista. Esta dinámica tiene una naturaleza profundamente ambivalente. Favorece tanto el desarrollo de nuevas formas de trabajo y de captura del valor por parte de las empresas, como el desarrollo de formas de cooperación e intercambio productivo fuera de la lógica del mercado –como en el ejemplo del commons del software libre y del conocimiento. Resulta en una tensión creciente entre la tendencia a la autonomía del trabajo y el intento del capital de someter el conjunto de los tiempos sociales a la lógica heterónoma de la valorización del capital.
Esta tensión contribuye a explicar la desestabilización misma de los términos tradicionales del cambio capital-trabajo asalariado. En el capitalismo industrial, el salario era la contrapartida de la compra por parte del capital de una fracción bien definida del tiempo humano puesto a disposición de la empresa. El capitalista, por lo tanto, tenía que contar, dentro de este marco, con las formas más eficaces de utilización de esa fracción de tiempo pagada para extraer del valor de uso de la fuerza de trabajo la máxima cantidad de plusvalía. En la fábrica fordista, gracias a la estricta prescripción de tiempos y tareas, el capital parecía haber establecido una clara separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre. Pero todo cambia cuando el trabajo, cada vez más cognitivo y relacional, ya no se puede prescribir y reducir a un simple gasto de energía realizado en un tiempo determinado. El capital no sólo depende de nuevo del conocimiento de los trabajadores, sino que debe lograr una movilización activa de la subjetividad y de todo el tiempo de vida de los trabajadores. Como para la creación de valor, también los dispositivos manageriales de control del trabajo se mueven cada vez por arriba y por debajo del acto productivo directo. La prescripción taylorista del trabajo da paso a la prescripción de la subjetividad y la obligación del resultado. En este contexto, es ahora el trabajo el que debe asumir a menudo la tarea de encontrar los medios para alcanzar los objetivos fijados por la dirección de la empresa, a menudo de manera deliberadamente poco realista. Se intenta, pues, de motivar a los trabajadores a adaptarse plenamente a los objetivos de la empresa y, al mismo tiempo, de que interioricen como un defecto la incapacidad de alcanzarlos plenamente.
Bajo la presión conjunta de la dirección, a través del estrés y la precarización, asistimos a la amplificación del dominio de la esfera del trabajo sobre la vida de los individuos, que ahora invade áreas cruciales para su equilibrio psicofísico, generando nuevas formas de «sufrimiento por el trabajo». El corolario de esta evolución es, evidentemente, un aumento considerable del número de horas extraordinarias, que a menudo no son reconocidas, contabilizadas ni remuneradas, según una lógica que recuerda lo que Marx llamaba los mecanismos de extorsión de plusvalía absoluta.
Otro elemento que marca esta dislocación de los límites entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo es la forma en que los confines de las empresas tienden cada vez más a integrar el trabajo gratuito de los consumidores y usuarios. Esto es lo que se analiza en la literatura económica y sociológica a través de conceptos como Free Digital Labor y aquel, más amplio, de trabajo del consumidor (o del prosumer). Con el concepto de Free Digital Labor, forjado por primera vez por Tiziana Terranova en un artículo del 2000, entendemos el trabajo gratuito y aparentemente libre que una multitud de individuos realiza a través y en Internet, a menudo de manera inconsciente, en beneficio de los grandes oligopolios de Internet y de las data industries. En el modelo de las plataformas de los motores de búsqueda y las redes sociales como Google y Facebook, por ejemplo, todo parece suceder como si la empresa hubiera logrado que los usuarios firmaran una especie de contrato, escrito implícitamente en las condiciones de uso, que se puede resumir de la siguiente manera, ampliando un adagio utilizado para las audiencias televisivas: «Si es gratis, es porque en realidad ustedes no sólo son el producto, sino también los trabajadores que, gracias a su actividad colectiva aparentemente libre y lúdica, me permiten producirlos y venderlos como una mercancía (proporcionándome los datos, el contenido y, a través de las economías de red, el tamaño del mercado necesario para atraer a los anunciantes)». Conclusión: en la medida en que este valor no se «redistribuya» a los usuarios de Internet, podemos considerar que se trata de un trabajo explotado, tanto en el sentido de la teoría marxista del valor-trabajo, como en el de la teoría neoclásica de la distribución, ya que la remuneración del trabajo gratuito es por definición inferior a su productividad marginal. Aquí encontramos la solución al misterio, inconcebible en los tiempos del fordismo, que explica por qué empresas como Google y Facebook pueden ocupar hoy en día las primeras posiciones del capitalismo mundial en términos de capitalización bursátil y rentabilidad, al tiempo que movilizan una masa casi insignificante de empleados.
Además, como han demostrado numerosos estudios, el trabajo gratuito de los consumidores no se limita únicamente al Digital Labor, sino que incluye un espectro mucho más amplio de actividades. La tercerización a clientes de fases enteras del ciclo de producción que antes se realizaba dentro de la empresa es, de hecho, una práctica común para la mayoría de las grandes empresas tanto de la vieja como de la nueva economía. Se trata de una lógica que pone a trabajar a los prosumer, que puede ir desde tareas simples y/o repetitivas (comprar un billete en línea, cajas registradoras de «self-service», montar un mueble), hasta actividades más complejas de diseño y concepción de productos. En cualquier caso, el creciente papel del trabajo productivo del consumidor en la cadena de creación de valor lleva a un cuidadoso observador de estos fenómenos, como Guillaume Tiffon, a convertirlo en la base misma de una nueva teoría de creación y explotación de valor.
2.3 Nuevas formas de cooperación laboral: fuerza y límites del modelo socioeconómico basado en los bienes comunes.
Un último elemento, tal vez el más importante para reconsiderar el concepto de trabajo productivo y para pensar en la sociedad «post-crisis», se refiere al desarrollo de los commons y de los bienes comunes. Tiene sus raíces en la capacidad del trabajo cognitivo para auto-organizar la producción, lo que da lugar a la experimentación de múltiples formas alternativas de cooperación. Con el concepto de Común entendemos un modelo productivo organizado de acuerdo con principios alternativos tanto a lo público como a lo privado, a la jerarquía y al mercado, como mecanismos de coordinación de la producción y el intercambio. Este modelo no propietario y no jerárquico produce bienes comunes para la comunidad y suele ser más eficiente que el de las grandes empresas, tanto en lo que respecta al dinamismo de la innovación como a la calidad de los bienes y servicios producidos. Los casos emblemáticos de software libre, de makers, de plataformas cooperativas, de numerosos centros sociales a imagen de los bienes comunes autogestionados, no son sino la punta más visible de una economía del Común que abraza a todos los sectores productivos, movilizando el trabajo de una multitud de ciudadanos y trabajadores. Como ha puesto de relieve la crisis actual, este modelo se revela más activo que el sector público y el privado, para responder a necesidades sociales y sanitarias urgentes, como la producción de máscaras y respiradores, o incluso la organización de formas de apoyo a las personas sin techo. También permitiría promover una resocialización territorial de la producción basada en circuitos cortos y ecológicamente sostenibles.
No obstante su eficiencia económica y social, una de las principales debilidades que dificulta el desarrollo del modelo del Común y pone en peligro su autonomía es precisamente la falta de recursos y tiempo de que adolecen sus promotores. La naturaleza no comercial, no propietaria y voluntaria de su actividad obliga a los commoners (comunes) a buscar un ingreso en la esfera económica oficial de los asalariados y del mercado. Frente al monopolio de la lógica burocrático-administrativa del Estado y la de la economía de mercado capitalista, no existe todavía ningún mecanismo institucional propio de la economía del Común capaz de garantizar la validación social y la sostenibilidad económica de este modelo productivo. La institución de un ingreso primario básico incondicional distribuido en base a un monto fijo podría ser un primer paso para compensar esta carencia y reconocer el carácter productivo del trabajo realizado en la economía de los comunes.
Conclusión
Una de las principales consecuencias del análisis de las mutaciones del trabajo en el capitalismo contemporáneo es que nos lleva a repensar globalmente las reglas de distribución del ingreso y el concepto mismo de trabajo productivo. En particular, nos proporciona dos lecciones importantes que propugnan el establecimiento de un Rsbi.
En primer lugar, dado que la cooperación social productiva se extiende a todos los tiempos sociales y supera el tiempo de trabajo oficial remunerado, se puede suponer que el trabajo en el capitalismo cognitivo es siempre, al menos hasta cierto punto, un trabajo subterráneo, invisible, parte de una economía no remunerada. Cabe señalar también que esta conclusión es ya en sí misma una respuesta a las críticas «éticas» del derecho a un Rsbi realizadas en nombre de la ideología del trabajo remunerado: la supuesta ausencia de una contrapartida laboral por parte del beneficiario. De hecho, a pesar de su contribución productiva, este trabajo social no es remunerado porque no pertenece o escapa a los criterios tradicionales de medición y representación del trabajo y la riqueza basados en la norma de la relación salarial. Por consiguiente, la contrapartida en términos de trabajo ya existe. Sin embargo, lo que falta es su contraparte en términos de renta.
En segundo lugar, la propuesta de Rsbi, como ingreso primario, requiere un reexamen del concepto de trabajo productivo desde un dúplice punto de vista. El primero se refiere a la noción de trabajo productivo concebido, según la tradición dominante dentro de la teoría económica, como un trabajo que produce mercancías y ganancia. En ese sentido, la Rsbi correspondería al reconocimiento social y, al menos en parte, a la remuneración colectiva de esta dimensión cada vez más colectiva y «gratuita» de una actividad de producción de valor agregado que se extiende sobre el conjunto de los tiempos de vida y se traduce en un desequilibrio distributivo en detrimento del trabajo y en beneficio de las rentas y las ganancias.
El segundo aspecto encuentra su ejemplo emblemático en la economía de los commons y se refiere al concepto de trabajo productivo concebido, en su sentido antropológico, como un trabajo que crea valores de uso y una riqueza que escapa a la lógica de la mercancía y a la relación salarial subordinada al capital. Frente a un tabú dominante en el seno de la teoría económica, en definitiva, se trata de reconocer que el trabajo puede ser improductivo para el capital, pero productivo de formas de riqueza social ajenas al mercado y, por tanto, dar lugar a un ingreso que lo valide socialmente mediante una remuneración colectiva y global. Llevando este razonamiento aún más lejos, se podría incluso sugerir que, partiendo de una base fija, la evolución del importe monetario del Rsbi podría ser periódicamente objeto de una negociación colectiva que reúna a los representantes de toda la fuerza de trabajo y a los “interlocutores sociales”. Su importe también podría ser parte de una caja común de Rsbi, gestionada democráticamente por los trabajadores, inspirada en el modelo que había caracterizado inicialmente la creación de la Sécurité social en Francia, según una lógica cercana a la de una institución del común.
En última instancia, la Rsbi se presentaría como una institución del Común y un primer nivel de distribución primaria entre los ingresos laborales, ganancias y rentas. Su instauración favorecería, junto con la reapropiación democrática de los servicios colectivos del Estado de Bienestar, la transición hacia un modelo de sociedad ecológicamente sostenible basado en la primacía de la producción de bienes comunes para la comunidad y de formas de cooperación alternativas tanto a lo público como al mercado en sus principios de organización.
Apéndice: Ingresos y Covid-19 en Italia
En Italia, la emergencia sanitaria, a pesar de la tragedia, nos da una gran oportunidad: poder iniciar un camino de reforma estructural del sistema del welfare italiano en la dirección opuesta a la que vamos hoy en día. El tema de la renta social se ha convertido, en esta situación de lockdown parcial, en una cuestión central de política económica. Se estima que, en 2018, en Italia, más de 1,8 millones de familias se encontraban en la pobreza absoluta (con una incidencia igual al 7,0%), por un total de 5 millones de personas (incidencia igual al 8,4%). Por otra parte, se estima que los hogares en condiciones de pobreza relativa en 2018 eran algo más de 3 millones (11,8%), por un total de casi 9 millones de personas (15,0%) / datos del ISTAT. Además, el Eurostat estimó en 2016 que en Italia poco menos del 30% (28,7%) de la población estaba en riesgo de pobreza.
En enero de 2019, el gobierno del Conte I, dirigido por los amarillo-verde, aprobó la ley que establece la renta de ciudadanía, para contrarrestar esta situación. Más de un año después, según los datos del Observatorio Inps sobre la renta y la pensión de ciudadanía:
«Desde abril de 2019 hasta el día de hoy, con respecto a los 1.097.684 núcleos cuyas solicitudes han sido aceptadas, a 56.222 núcleos les ha caducado el derecho. El resto de los núcleos (1.041.462) están formados por 915.600 beneficiarios de la Renta de Ciudadanía, con 2.370.938 personas involucradas, y 125.862 beneficiarios de la Pensión de Ciudadanía, con 142.987 personas involucradas».
Es fácil ver que esta medida es insuficiente, ya que consigue mantener los ingresos de menos de la mitad de los pobres absolutos. Esta situación, que ya es insuficiente en sí misma, corre el riesgo de empeorar aún más. Con las primeras medidas adoptadas por el gobierno (el decreto «Cura Italia», de marzo de 2020), por un movimiento equivalente a 25 mil millones, la cifra puesta a disposición para sostener de modo directo la renta es de poco menos de 8 mil millones de euros (7.938 millones, o el 31,9% del total), de los cuales 1.330 millones de euros fueron para sostener el tratamiento ordinario de integración salarial y la asignación ordinaria, 3.200 millones de euros para la CIGD, 1.200 millones de euros para licencias y subsidios para los empleados del sector privado, los trabajadores registrados en la Gestión y los autónomos, 2.200 millones de euros en subsidios para los trabajadores autónomos registrados en la Aseguración General (comerciantes y pequeños artesanos).
El subsidio asciende a 600 euros libres de impuestos sólo para el mes de marzo. Cabe señalar que, según el ISTAT, el umbral medio de ingresos para la supervivencia es de 750,10 euros al mes. Por lo tanto, se decidió prestar apoyo a los ingresos sobre la base del tipo de contrato y la situación profesional. El uso del instrumento del fondo de despido implica que ya existe una relación laboral estable (un total de 4.600 millones de euros, o el 58,4% de la cantidad asignada al sostenimiento de la renta). La renta de la Cassa Integrazione equivale al 80% del salario. La Uil ha calculado que en promedio el salario con el fondo de despido es de poco más de 940 euros netos, tomando un salario mensual promedio de 1.316 euros netos.
Para los que no trabajan con dinero en efectivo, sigue siendo el subsidio de 600 euros libre de impuestos. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que una serie de condiciones de trabajo autónomas y precarias no cumplan los requisitos para recibir el subsidio, a menos que estén inscriptos en determinadas cajas de seguridad social. Además, hay que tener en cuenta los efectos del bloqueo, aunque sea parcial, de la actividad económica y la libertad de circulación, la no renovación de los contratos temporales y los efectos sobre el trabajo no declarado, que para muchas personas representa su única fuente de ingresos.
En la actualidad, más de 3,6 millones de trabajadores autónomos, con IVA y contratados han solicitado una indemnización, que muy probablemente se repetirá en los próximos meses y que se elevará a unos 800 euros. Hasta el 10 de abril, el Inps ha recibido 198 mil solicitudes de Cigo para 2,9 millones de trabajadores y 100 mil solicitudes de Fis (Fondo de incremento salarial) para 1,7 millones de personas. Así pues, la composición del trabajo para los ingresos más bajos está bien representada, donde la figura precaria, a menudo no remunerada, tiene ahora el mismo peso que la más estable de los asalariados.
Las decisiones adoptadas en materia de sostén de la renta, además de confirmar la centralidad del empleo y la condición profesional como proveedor de renta, siguen aplicando la filosofía de intervención en las políticas de seguridad social que ha caracterizado a los últimos decenios: la filosofía del parche. Cada vez que aparece una nueva figura de trabajo precario (ayer, la formación profesional, luego la co.co.co, luego los vales, luego los trabajadores temporales, hoy los rider, etc.) se añade, con mucho retraso, una amortización social ad hoc (dis-coll, Aspi, ahora Naspi, etc.). Esta misma filosofía impregna hoy en día las políticas de apoyo a los ingresos para hacer frente a la emergencia económica y sanitaria. En lugar de una única medida de renta básica, tenemos la Renta de Ciudadanía (insuficiente) para los que tienen requisitos, la renta de emergencia (que debería concernir a todas las familias que no tienen acceso a las amortizaciones previstas hasta ahora), luego hablamos de la renta de cuarentena, hoy de la renta de cuidados para los trabajadores de la reproducción social. Hay propuestas de fondos para sostener una renta de los agricultores. Una vez más, las políticas de apoyo a los ingresos siguen estando condicionadas por las condiciones de trabajo y la actividad profesional. Esto tiene el efecto de crear burocracia, distorsiones e injusticia.
Precisamente sobre la base del razonamiento de este artículo, creemos que es necesario, en cambio, comenzar a pensar en cómo, de manera concreta, implementar una medida de estructural de renta incondicionada, comenzando por los más débiles, los más pobres, desempleados, migrantes, precarios, a fin de disponer de los recursos necesarios para hacer frente a la situación de emergencia inicialmente, pero que luego se conviertan en permanentes una vez que la emergencia haya cesado. Creemos que la mejor manera es partir de la actual ley sobre el RdP (Ley Nº 5/2019), aumentando la posibilidad de acceso y eliminando cualquier forma de condicionalidad y obligación comportamental, utilizando la experiencia adquirida por el INPS en el desembolso. Y es en esta dirección que se ha movido la petición de Bin-Italia (Basic Income Network). Esta medida debería ser válida para todos aquellos que, de forma indiscriminada, no pueden acceder a otras formas de amortización social que proporcionen un ingreso por encima del umbral de supervivencia mensual calculado por el ISTAT, equivalente a 750 euros, cifra que debería representar el nivel mínimo de renta básica (y no el único de 600 euros, como ahora).
El objetivo es favorecer un proceso de convergencia hacia el sostenimiento permanente de la renta basada en dos canales: el modelo de amortización social Cassa Integrazione vinculado a la condición laboral para quienes cumplen con los parámetros para una prestación > 750 euros, y una renta básica incondicionada de 750 euros, para todos los demás, independientemente de la situación profesional y extendido a todos los residentes (incluidos los migrantes).
Creemos que sólo avanzando en esta dirección podremos crear las condiciones para repensar un nuevo modelo de welfare, aquel modelo que debería ser soporte de una economía e commons (Commofare), el único verdadero antídoto –y vacuna– para la crisis actual.
Traducción: Ariel Pennisi
Fuente: Questione Giustizia
- Carlo Vercellone: Economista, profesor en la Universidad de París 8 Vincennes-Saint-Denis(Francia), investigador del CNRS (Centre national de la recherche scientifique) y del Centro de Economía de la Sorbona (CES). Autor de Il Comune come modo di produzione, autor y compilador de Capitalismo cognitivo. Renta saber y valor en la época posfordista. Próximamente Carlo Vercellone en Red Editorial: Plataformas capitalistas
Andrea Fumagalli: Economista, titular de la cátedra de Economía Política en la Universidad de Pavia (Italia). Autor de Bioeconomía y capitalismo cognitivo.
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