En abril de 2016 empezó para Quito un calvario que no ha terminado. La Alcaldía, entonces, firmó el contrato para la construcción de una mal llamada “Solución vial” Guayasamín con la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), que utiliza la figura de Alianza Estratégica para contratar una obra de más de 130 millones de dólares “a dedo”, a una empresa cuestionada a la cual ya la ciudad le entregó el Hotel Quito.
El contrato no contaba en ese momento con estudios, análisis comparativos de alternativas, diseños ni costos definitivos, informe de impacto ambiental, ni respaldo de procesos de socialización con los afectados directos e indirectos como establece la ley. Esta situación hoy, agosto de 2020, no ha variado. En 2019, con el final del mandato de Mauricio Rodas, el contrato pasó a un proceso arbitral debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes y debido a varias observaciones realizadas por un examen especial de la Contraloría donde se establecía que estas debían ser solventadas, por ejemplo, que el modelo financiero resultaba lesivo para los intereses públicos de la ciudad.
El argumento para la contratación tan caprichosa obra mal llamada “Solución Vial” Guayasamín es la de “aliviar” la movilidad hacia los valles. Un proyecto de esta naturaleza, que se construye exclusivamente para vehículos privados (la posibilidad de carriles exclusivos para transporte público está explícitamente negada en el contrato así como la posibilidad de construir durante 30 otras obras de conexión entre el valle y el centro norte) resulta inexorablemente en el aumento de más tráfico, convirtiéndose en un verdadero desperdicio de recursos públicos, por un lado, y en una inmensa agresión contra la sostenibilidad de la ciudad por otro. Esta obra conlleva más expansión urbana descontrolada, tráfico y contaminación. Los estudios de la propia CRBC establecen que la obra volverá a saturarse de tráfico, en el mejor de los escenarios, a los cinco años de inaugurada; en el peor, a los tres. Y lo que es peor aún, el modelo financiero, que entrega los ingresos del peaje a la empresa china, apuesta a que este sea el caso. Este modelo no es más que una preventa de tráfico. Es decir, los quiteños pagaremos por este error durante 30 años, muchos más años de los que la obra podría considerarse “útil” mientras que la empresa generará para si 700 millones en ganancias.
La verdadera solución a los problemas de movilidad de una ciudad, más aún en momentos de crisis como los que estamos viviendo, están en fortalecer los sistemas públicos de transporte, así como los sistemas no motorizados, que son más eficientes, democráticos, que ocupan menos espacio y contaminan menos. Ejemplos a nivel mundial sobran. Existen también alternativas viables para el sector como el metroferico Quito – Tumbaco. Esta obra, además, implicaría el desalojo forzoso de más de 400 personas del Barrio Bolaños. La intención de construir esta barbarie levantó ya la oposición de muchos quiteños y muchas voluntades se unieron, y volverán a unirse, para detener este grave error.
Esperamos que, en pleno 2020, no se concreten obras caprichosas producto de intereses políticos, con contratos cuestionables entregados “a dedo”, que resultan convenientes para unos pocos y tan lesivas para todos, que anteponen intereses económicos por sobre los derechos de las personas a una movilidad inclusiva y sostenible, y que reproducen modelos caducos de gestión de la ciudad. El verdadero desarrollo económico debe ser sostenible y no puede ser a costa de la calidad de vida de los quiteños.
📢 COMUNICADO:
Ante la inminente reactivación del #ErrorVialGuayasamin varios colectivos nos manifestamos. https://t.co/KWdHItNIeP@MunicipioQuito @LoroHomero @movilidadquito_ @ObrasQuito @RafaCarrascoQ pic.twitter.com/FtqCIrl4aW— ErrorVialG /BBolaños (@ErrorGuayasamin) August 1, 2020
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