Los ecuatorianos todavía caemos en la ilusión de creernos Finlandia. Y que, en consecuencia, nuestras instituciones funcionan como un dechado de eficiencia y probidad. Por lo mismo, esperábamos que la campaña de vacunación contra el Covid-19 fuera un acto de justicia elemental, de solidaridad incondicional y de humanismo.
Pero cuando nos enteramos de que esta campaña ha comenzado en medio de los típicos escándalos de corrupción de nuestra vieja política, ponemos el grito en el cielo, nos rasgamos las vestiduras y exigimos sanciones despiadadas contra los responsables. Sin embargo, que un ministro de salud busque favorecer a sus parientes y amigos, o que una funcionaria del IESS se aproveche de su condición para saltarse la cola, no debería sorprendernos.
¿Qué esperábamos? ¿Que al calor de la tragedia sanitaria los funcionarios públicos de alto rango hubieran experimentado una milagrosa conversión? ¿Que las transnacionales farmacéuticas hubieran sido súbitamente atacadas por un sentimiento de generosidad? ¿Que nuestra burocracia hubiera superado la atávica cultura del compadrazgo y la viveza criolla?
Pues las irregularidades en la distribución de vacunas son –como hace décadas lo popularizó un oscuro funcionario público a propósito de las elecciones– un pálido reflejo de lo que vendrá. Porque los intereses que se mueven detrás de la posible inmunización contra el coronavirus son tan desesperados como codiciosos. Desde protegerse contra un eventual contagio hasta forrarse en plata, las decisiones que se tomen estarán totalmente alejadas del noble objetivo de la salud colectiva.
En efecto, la angustia por acceder a una vacuna estará motivada por el miedo profundo a enfermarse o morir. El arranche puede convertirse en una práctica corriente, acentuada por la oferta limitada de vacunas y por las dificultades concretas para su administración. De esto ya hay evidencias: inclusive en países con mejor infraestructura sanitaria, como Estados Unidos, los planes han sufrido graves retrasos. No es fácil vacunar a millones de personas mientras se tiene que manejar una crisis sanitaria descomunal. En Bélgica, las farmacéuticas acaban de reconocer que no tienen la capacidad para producir al ritmo que lo exigen las necesidades del país.
Pero las ganas de enriquecerse también operarán detrás de las medidas para enfrentar la pandemia. En México, por ejemplo, ya aprobaron la importación privada de vacunas. No hay que ser muy suspicaces para deducir que, en un mundo regido por el lucro, la provisión de vacunas al sector privado fluirá con una mayor celeridad que al sector público. El negocio está garantizado. De paso, quien tenga dinero podrá acceder a una vacuna en forma inmediata, con lo cual se ahondan aún más las desigualdades sociales.
Tocará, como siempre, poner el ojo sobre un proceso que puede durar más de lo previsto. Llamar a la sensatez a los responsables de la campaña de vacunación es como pedirles a los ciudadanos que no voten por los candidatos corruptos: un acto de consecuencia ética sin mayores impactos. Habrá que ejercer controles efectivos desde todos los espacios posibles. No se trata únicamente de combatir la corrupción; está en juego el derecho a la vida de millones de seres humanos.
Enero 27, 2020
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