Razones económicas para dejar el crudo del ITT en el subsuelo

¡EL ECUADOR DEPENDE DEL SI AL YASUNI!
Razones económicas para dejar el crudo del ITT en el subsuelo

Por: Alberto Acosta[1]

¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT,  conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?
Pregunta de la consulta popular del 20 de agosto

La discusión sobre el Yasuní está en su apogeo. Los argumentos a favor y en contra son múltiples. Reconocemos que es preciso abrir la puerta a un debate amplio, sustentado en razones y argumentos múltiples, entre los que no se puede marginar el ámbito económico. Lo que se está en juego con la Consulta Popular del Yasuní supera las próximas elecciones, se proyecta en las próximas generaciones.

Por lo tanto, esta cuestión cobra importancia también por la necesidad imperiosa de analizar la inflación de cifras, muchas de ellas fantasiosas, propias del desconocimiento en la materia o del simple afán de atemorizar a la sociedad por los supuestos riesgos económicos derivados de la no explotación del crudo del Bloque 43 o ITT: las siglas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini.

De entrada, es bueno puntualizar que con la Consulta Popular para que el pueblo decida si se deja el crudo del ITT en el subsuelo, haciendo realidad una demanda de la juventud formulada en el año 2013, se abre la puerta a prácticas que fortalecen la democracia participativa. No se trata de dejar en mano de algunas personas elegidas el futuro de la sociedad. Con nuestro voto, expresado de forma consiente, podemos plantear elementos para construir otra economía, una economía de vida.

Empecemos nuestro análisis económico por lo menos importante, es decir por las cifras de ingresos de dólares y las reservas de crudo.

1. La danza de las cifras de los ingresos petroleros

• Las sorprendentes y hasta sospechosas cifras de Petroecuador

En esta Consulta Popular, las cifras de potenciales pérdidas si no se continúa extrayendo el crudo del ITT varían sustantivamente inclusive habiendo sido proporcionadas por la misma fuente: Petroecuador, con apenas un par de semanas de diferencia…

En efecto, Petroecuador, la empresa petrolera estatal, según la información entregada en la Corte Constitucional, en abril pasado[1], estimaba que los ingresos totales por la explotación del Yasuní-ITT, con un precio -exorbitante- de 89,05 dólares por barril, serían de 7.967.86 millones de dólares, en los 33 años que duraría dicha explotación. Dicho monto equivaldría a un ingreso anual promedio de 241,45 millones de dólares. Calculados a valor presente del año 2023, para poder comparar la capacidad de compra de los dólares futuros con los actuales, los ingresos totales serían de 4.883,1 millones de dólares; en este caso los valores anuales ascenderían a 147,97 millones de dólares en beneficio del Estado.

Con esa información, vale regresar la mirada al Presupuesto General del Estado del año 2023, de 31.503 millones de dólares. De allí se desprende que aquellos 241,45 millones anuales que genera el ITT equivaldrían a menos del 1% de dicho Presupuesto General del Estado; no se diga si se calcula en relación al valor presente de 147,97 millones de dólares.

Revisemos ahora las otras cifras que presentó Petroecuador de la noche a la mañana y sin mayor explicación, cuando la Corte ya había ordenado la realización de la consulta popular en mayo del 2023. Para alentar el NO en la consulta popular, Petroecuador habla ahora de “pérdidas” por 16.740 millones de dólares en 20 años. Cifra que merece un análisis detenido. Su composición, como veremos, es hasta sorprendente.

• Este monto incluye 476 millones de dólares por el abandono del campo. Un valor que de cualquier manera se tiene que considerar, sea ahora o luego de un par de años, pues la Constitución ordena la reparación e incluso la restauración de la Naturaleza. Es más, el abandono ordenado del Bloque 43, que no puede ser simplonamente asumido como “chatarrización”, podría ser considerado como una inversión de futuro porque se está protegiendo esa maravillosa Naturaleza y, además, con una adecuada política exterior, se podría conseguir un financiamiento para hacerlo en el marco de la lucha contra el cambio climático impulsando una suerte de Iniciativa Yasuni-ITT PLUS.[2]

• Estas cifras de Petroecuador incluyen también 252 millones por pérdida de empleo y compensación en los próximos 20 años. Esta cifra refleja la falta de seriedad, puesto que pretende que se asuma como que las personas actualmente empleadas no tendrán nunca más una ocupación. Los técnicos de Petroecuador tienen suficientes actividades que cumplir, incluso en la fase de desmontaje de los equipos instalados. Igualmente es inaceptable aceptar que esta suma se incorporen “los beneficios” que recibe una comunidad indígena de la región, cuyas demandas de servicios -educación, salud, vivienda, empleo- deberían ser asumidas por el Estado y no por las empresas.

• Adicionalmente, unos 1.952 millones aparecen como pérdidas asociadas a las inversiones realizadas, lo que debería ser realmente cuantificado por que buena parte de esas inversiones ya deben estar amortizadas. Lo que se debe resaltar es el hecho de que las principales beneficiarias de esta operación, liderada por Petroecuador, son las empresas chinas, tal como se informó en la revista Vistazo.[3] Además, muchos de estos equipos, como pueden ser, por ejemplo, las torres de perforación, pueden ser empleadas en otros bloques petroleros.

• De paso hay que conocer que el grueso de los contratos vence en el año 2024; esto diluye el contra argumento de los posibles reclamos arbitrales; algo que tampoco sucederá en tanto Petroecuador, empresa estatal, es la encargada de la explotación del crudo en ese bloque.

• En este listado de supuestas pérdidas -en 20 años- se incluyen sorprendentemente 13.800 millones por cierre de operaciones, se entiende que por la menor la exportación de petróleo: cifra que no cuenta con explicación alguna, menos aún si las reservas, según Petroecuador, serían de 282 millones de barriles o menos.

• Unos inexistentes 1.200 millones de dólares

Igualmente cabe anotar que algunos voceros de los intereses petroleros hablan de pérdidas anuales para el Estado de 1.200 millones de dólares. Esta cifra no se sostiene por ningún lado. Si se considera que el ingreso total de recursos fiscales por concepto de la extracción de petróleo en el año 2021 fue de 2.733,5 millones, teniendo en cuenta que un 12% de la extracción total proviene del ITT, podríamos afirmar que el monto de ingresos que se perdería bordea los 300 millones (valor que fluctúa sobretodo dependiendo del precio del crudo debido a diversos factores en el mercado internacional).

Otra forma de desmontar esta afirmación de que el Estado perdería 1.200 millones de dólares al año, se compone de la siguiente operación matemática: 55.000 barriles por día x 365 días x por 60 dólares por barril tratándose de un crudo de muy baja calidad.  De este ingreso bruto hay que descontar el costo de extracción por barril. En el mismo Parque Nacional Yasuní, en el bloque 16, con un petróleo de mejor calidad, el costo de extracción reconocido por el Estado a la compañía REPSOL era de 36 dólares por barril; de suerte que bien se puede estimar un costo de 40 dólares por barril: en ese caso el ingreso para el Estado sería de 400 millones. Según el exministro René Ortiz, defensor a ultranza de las actividades extractivistas sobre todo en manos de empresas transnacionales, el costo debería bordear los 50 dólares por barril si se quisiera utilizar las mejores tecnologías, con lo que el ingreso para el estado sería de 200 millones de dólares.[4]

Por cierto, falta un análisis de costo-beneficio extendido, que incluya los costos sociales y ambientales -o pasivos socio-ambientales-. Aquí cabe incluir lo que también podría ser considerado como subsidios ocultos, por ejemplo, el agua que emplean las petroleras y que es contaminada por esas mismas empresas, que no pagan absolutamente nada por el líquido vital. Incluyendo este tipo de análisis, los potenciales beneficios reales para el Estado se diluyen aún más.

Además, es evidente de que quienes defienden el NO en la consulta popular -consciente o inconscientemente- terminan por defender los intereses de quienes lucran con la actividad extractivista e inclusive con los grupos de poder que no quieren pagar impuestos, como veremos a continuación.

• Alternativas para cerrar la brecha fiscal

Utilizando como base las cifras de las potenciales pérdidas mencionadas podemos hacer un par de comparaciones para demostrar que no es difícil cerrar inmediatamente la brecha en los ingresos fiscales, teniendo en consideración que la explotación del ITT no se suspendería inmediatamente.

• Un primer punto a considerar en el corto plazo es el monto de las deudas en firme de los 500 mayores de deudores con el Sistema de Rentas Internas (SRI) que alcanzan los 1.984 millones de dólares, al 6 de junio del 2023; el monto del TOP-25 asciende a 734 millones de dólares. Aquí hay recursos inclusive para financiar un fondo destinado a enfrentar los destrozos que provocará el anunciado fenómeno del El Niño.

• Otra referencia interesante aparece cuando se comparan las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que se otorgan anualmente. Estas exoneraciones tributarias son concedidas a personas naturales y jurídicas por Impuesto al Valor Agregado (IVA), por Impuesto a la Renta y por otros beneficios tributarios. En el año 2021, última cifra disponible, las exoneraciones fueron de 6.338,6 millones de dólares, que, con seguridad, beneficiarán en especial a los grandes grupos económicos. Si nos concentramos únicamente en las personas naturales que reciben esas ventajas fiscales, constatamos que el monto de dichas exoneraciones fue de 714 millones de dólares, de los que el 10% más rico de la población obtuvo una tajada de 598 millones y el 1% más rico de 148 millones de dólares.

• La revisión de estas exoneraciones es más que necesaria, pues inclusive debe haber muchas de ellas concedidas con objetivos que no se han cumplido o que no se están cumpliendo. Para resaltar la urgencia de esta tarea, aceptemos que, si se suman los ingresos petroleros de los diferentes presupuestos del Estado desde el año 2014 hasta el año 2021, tal como aparece en la tabla anexa al final, se puede comprobar que año tras año han sido mayores dichas exoneraciones fiscales en relación a dichos ingresos.

• También se debe considerar que el Estado ecuatoriano concede de tiempo en tiempo multimillonarias condonaciones de deudas tributarias a los grandes grupos económicos, entre los que se encuentran los mayores bancos e inclusive empresas petroleras. En el gobierno de Guillermo Lasso, de acuerdo a lo aprobado en el 2021, se podía obtener hasta un 50% de remisión de intereses, multas y recargos, de un monto de 4.925 millones pendientes de recaudación por deudas de los contribuyentes con el SRI, incluyendo los intereses. Esta práctica se repite de tiempo en tiempo: lo hizo Lenin Moreno en el 2018 y Rafael Correa en el 2015 y 2008.[5]

• Un asunto fundamental: combatir en serio la evasión tributaria, que llega a los 7.000 millones de dólares al año, según la CEPAL[6]. Aquí existe una fuente recursos no solo para cubrir la diferencia que provocaría la no extracción de crudo del ITT sino para muchas otras actividades que son indispensables inclusive en clave de una transición productiva y energética.

Como queda demostrado, es absolutamente falso que si no se explota el crudo del bloque 43 / ITT se tienen que subir los impuestos, así como eliminar los subsidios a los combustibles.[7]

• La mentira del riesgo para la dolarización y otros males inventados

En estas semanas, a más de los argumentos ya desmontados de que el Estado perdería ingentes cantidades de dinero, hemos visto también posicionamientos de quienes quieren atemorizar a la población diciendo que la no extracción de crudo del III – Bloque 43 provocaría una grave afectación a la balanza de pagos[8] y por ende llevaría al fin de la dolarización, a la reducción de la economía, a la escasez de recursos para la inversión social y a un masivo desempleo.[9] No hay duda que quienes defienden el NO en la Consulta Popular recurren a prácticas propias del “terrorismo económico”.[10]

En este punto cabría considerar que incluso no todas las exportaciones conducen a un crecimiento sano, pues inclusive puede registrarse una suerte de “crecimiento empobrecedor”.[11] Dicha evolución puede también nacer de una historia ambiental y social que no beneficia a la sociedad. Por ejemplo, esta situación se da al no considerar, entre otros puntos, los graves destrozos ambientales ocasionados por el petróleo en la Amazonía y que de ninguna manera pueden ser cubiertos por los ingresos provenientes de las exportaciones del crudo y sus derivados.

Además, no todos los ingresos por exportaciones petroleras son ingresos netos para la economía nacional. En primer término, se deberían descontar todos los gastos por importaciones de equipos y material que requiere la actividad hidrocarburífera en el ITT, que en su casi totalidad no se fabrican en Ecuador. Igualmente habría que descontar el monto de las remesas de divisas por utilidades de las empresas extranjeras -sobre todo chinas- que trabajan en la zona del ITT – Bloque 43.

Sostener que la reducción en el ingreso de divisas de las exportaciones del crudo del ITT va a afectar la dolarización y producir una serie de afectaciones adicionales en el largo plazo, no tiene asidero alguno. Bastaría con recordar como cayeron los ingresos de las exportaciones de petróleo del año 2019 al año 2020 -de 2.450 millones de dólares a 626 millones-, cuando incluso por unos días se registraron precios negativos del petróleo en el mercado mundial, sin que se llegue a poner en riesgo la dolarización. Además, como veremos a continuación hay varias opciones para cerrar esa brecha de divisas en el corto plazo.

Con el fin de obtener divisas de forma inmediata se debe renegociar los contratos con las dos telefónicas extranjeras que tienen una posición oligopólica en el mercado, lo que les permite obtener beneficios sobre patrimonio neto al año de más del 90% (noventa). Igualmente, la reversión del Oleoducto de Crudos Pesados – OCP al Estado le significará un aporte de casi 160 millones de dólares al año, si se considera que la tarifa de transporte por barril es de 2,14 dólares. En ambos casos se trata de contratos que concluyen este año.

Dentro de una estrategia de transición hacia una economía post-petrolera, se podría cerrar temporalmente la brecha con una explotación mejorada de los campos maduros: Sacha, Auca, Libertador, Shushufindi, sin entregarlos a empresas transnacionales. Igualmente es urgente dar paso al cumplimiento de las disposiciones judiciales para terminar con los 444 mecheros en la región petrolera -la quema del gas asociado-, lo que podría generar ingresos por unos 400 millones de dólares al año si se aprovecha adecuadamente ese recurso natural.

Quienes dicen estar preocupados por la dolarización mejor deberían poner atención a la fuga de capitales que afecta a la economía ecuatoriana. Y también se debería tomar nota del pesado servicio de la deuda externa, que muy pronto se convertirá en un lastre insostenible y que forzará a una nueva renegociación de dichas obligaciones. Recordemos que los beneficios de las exportaciones del petróleo en el Ecuador están destinados al servicio de la deuda externa (Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, expedido en el 2020) y a sostener las reservas monetarias internacionales, en el marco de los acuerdos con el FMI.

Por cierto, una transformación de la modalidad de acumulación primario-exportadora es indispensable. Para lograrlo, hay que desnudar las condiciones intrínsecas en este tipo de economías dependientes, antes de diseñar una estrategia que permita inclusive aprovechar de manera inteligente los recursos naturales, como parte de una adecuada planificación que permita arribar a un esquema post-extractivista. Aquí emergen, por igual, acciones que propugnan la democracia energética, la soberanía alimentaria, la justicia climática. En línea con acciones que reconozcan que la gran riqueza del país es su diversidad cultural y su biodiversidad hay mucho espacio para el turismo ecológico, sobretodo comunitario. Estas y muchas otras acciones serán parte de los procesos para impular una gran transformación social, económica, ecológica y por cierto política.

2. La danza de las cifras de las reservas de petróleo

La explotación del Yasuní no solo implica un tema de costos e ingresos, sino que además las reservas con las que justificó tal explotación no aparecen en la práctica. Analicemos la evolución de las cifras de reservas con las que se justificó esta actividad en el ITT hasta la actualidad:

• En 2013, cuando el presidente Rafael Correa reconoció que le quedó muy grande la Iniciativa Yasuni-ITT, se decía que existían 840 millones de barriles de crudo como reservas en el ITT. Petróleo con el que se terminaría con la pobreza en el país, como repetía cansinamente la propaganda oficial. Esas reservas, se dijo que se explotarían durante 23 años, con una extracción máxima de 225 mil barriles diarios al sexto año de actividades (como referencia, actualmente el Ecuador extrae menos de 500 mil barriles diarios de todos los bloques petroleros).

• Luego, en el 2016, ya avanzadas las tareas para explotar el crudo del ITT, el mismo gobierno multiplicó sorpresivamente por dos las reservas -también con enorme entusiasmo mediático-, señalando que éstas serían de 1.672 millones de barriles, con un pico de extracción de 300 mil barriles por día en el sexto año. Detrás de este alegre incremento de las reservas parece que estuvo el afán del gobierno desesperado en conseguir créditos en el mercado internacional.

• Esas expectativas de reservas (y de ingresos[12]) no se compadecen con la realidad. Es más, si revisamos las cifras de extracción del crudo del ITT (Bloque 43) podemos constatar que ya han entrado en una fase de acelerada declinación, puesto que cada vez se extrae menos petróleo de muy baja calidad y cada vez fluye más agua de formación (en extremo contaminante): se estima que de cada 100 barriles que se extraen 7 son de agua de formación.

• Por lo demás, las cifras reales de extracción de crudo son contundentes. En agosto de 2019, se llegó a un pico máximo de extracción de 80.012 barriles diarios de petróleo; esto habría generado para el Estado unos 700 millones de dólares en ese año (poco menos de un mes de salarios del sector público, que fue de 890 millones al mes en 2018). Para junio del 2022 la tasa de extracción había caído a unos 60 mil barriles por día. Y en la actualidad la tasa de extracción diaria bordea entre los 55 y 47 mil barriles. Adicionalmente, si se toman los datos que Petroecuador presentó en la Corte Constitucional, las tasas de extracción del crudo de este campo no dejan de caer en los próximos años. Con esto se desbarata de paso aquello de que las pérdidas para los gobiernos autónomos descentralizados serían enormes.

• Incluso las últimas cifras de reservas Petroecuador hablan de 282 millones de barriles[13]; por cierto, esta cifra demuestra que los 1.672 millones de barriles del año 2016 no se sostenía en criterios técnicos, puesto que hasta la fecha se habrían extraído 122 millones de barriles.

• Como para que no quepa la menor duda de que no es mayor la cantidad de petróleo explotable, el ministro Fernando Santos Alvite reconoció que en los últimos pozos de exploración solo se obtiene “un crudo pesadísimo, una verdadera melcocha que no puede moverse al oleoducto”. Claro que este ministro, otro defensor a ultranza de los intereses petroleros transnacionales, dice que con alguna empresa extranjera si se podría seguir extrayendo… la brea.

3. Otras cuestiones económicas de largo más relevantes

Del análisis de las cifras anteriores podemos concluir que no habrá ninguna catástrofe económica si se deja de extraer el petróleo del Yasuní ITT.[14] Más aún si se consideran los costos sociales y ambientales que estas operaciones implican, en particular en términos de destrucción del patrimonio genético y cultural existente en el Yasuní, no explotar ese crudo será de mucho beneficio para el país. Este punto no puede ser minimizado.

Vamos por partes. La continuada explotación y la utilización de los combustibles fósiles -petróleo, carbón, gas- seguirá carbonizando la atmósfera del planeta. No explotar más crudo es una demanda cada vez más generalizada, tanto que es compartida por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con sede en Paris, conformada por los grandes países importadores de petróleo en 1974, para enfrentar a la OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta Agencia, que de ecologista no tiene un pelo, ya anunció hace más de 10 años que las dos terceras partes de las reservas conocidas de todos los combustibles fósiles deben quedar en el subsuelo si no se quiere que la temperatura del planeta suba en 2ºC respecto a los niveles pre-industriales. En la revista científica Nature, en el 2021, se publicó con mayor nivel de detalle esta conclusión: el 89% del carbón, el 58% del petróleo y el 59% del gas (incluyendo crudo y gas por fracking) no pueden ser extraídos para evitar un aumento de 1,5ºC en la temperatura media global.

Aquí pongamos un valor de referencia -que integra la cuestión de la contribución al cambio climático-, recurriendo a los costos que presenta el economista Carlos Larrea, persona estrechamente vinculada a la estrategia gubernamental de la Iniciativa Yasuni-ITT. El nos recuerda que por cada barril de crudo pesado del ITT se puede calcular la emisión de 481 kilos de CO₂, causando un costo de entre 25 y 48 dólares por barril en términos monetarios del impacto climático, de conformidad con estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA).

Es evidente que Ecuador por si solo no puede enfrentar el grave reto del colapso ecológico, que conlleva los problemas de las graves fluctuaciones climáticas. Pero el Ecuador, como ya lo hizo con los Derechos de la Naturaleza, si puede marcar una pauta a nivel mundial. Asumir que no podemos “ser más papistas que el Papa”, como afirma algún hacedor de opinión publicada, solo demuestra el grado de mediocridad de nuestras élites. Este potencial posicionamiento internacional es quizás uno de los puntos más interesantes para ser aprovechado con una adecuada política diplomática.

Quizás convenga también una aproximación desde un punto sustentado en el egoísmo ilustrado. En Ecuador experimentamos cada vez más el efecto del cambio climático en todas sus regiones debido a las variaciones en los regímenes hidrometeorológicos. Valga tener presente, además, que Guayaquil es una de las ciudades más amenazadas por el cambio climático en el mundo.[15]

A más de los claros límites ambientales, tenemos que tener presente que se trata de un recurso no renovable y que sus reservas declinan[16], y que, inclusive, ya hay señales sólidas en el cambio de preferencias en la demanda de los energéticos. Sin alentar el uso masivo de vehículos particulares movidos por electricidad, bien podemos entender esta tendencia como una clara señal del cambio de preferencias.

Es, entonces, hora de acelerar el paso a hacia una economía post-petrolera, teniendo en cuenta, además, que la importancia del petróleo en nuestra economía decae aceleradamente: el año 2008 representaba el 62% de las exportaciones y en el 2022 el 36%; mientras que en términos de su contribución como ingreso fiscal cayó del 39% al 19%. Así que, mientras más pronto y de forma ordenada impulsemos esta transición integral podremos esperar resultados realmente prometedores.

Adicionalmente, no nos olvidemos que más de 50 años de explotación petrolera no nos han sacado del subdesarrollo y que la riqueza petrolera ha servido para que pocos segmentos de la población mejoren sus niveles de bienestar mientras cada vez más habitantes viven en la pobreza y la miseria.

En síntesis, no puede pasar desapercibida la inconmensurable destrucción en la Amazonía petrolera, la región más pobre de todo el Ecuador, convertida en “un territorio de sacrificio”.[17] Desde que comenzó la actividad del consorcio Texaco-Gulf en los años sesenta del siglo pasado, los impactos por concepto de derrames, contaminación de pantanos, quema del gas, deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y domésticos muertos son realmente incuantificables. A lo anterior habría que añadir materiales utilizados que ocasionaron la salinización de los ríos. Imposibles de calcular son las enfermedades (como el cáncer) e inclusive el trabajo mal remunerado. En el ámbito psicosocial los impactos son brutales: violaciones por parte de los operadores de las petroleras en contra mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. [18]  Y por cierto en este listado de muerte y destrucción tiene lugar preferente el etnocidio de dos pueblos indígenas: Tetete y Sansahuari.

Por cierto, todo este dantesco escenario tiene como actores a todas las empresas petroleras, sean privadas o la misma estatal, siempre en abierto contubernio con el Estado. Son brutales las imágenes de cómo se encuentra esta región más de cincuenta años después de iniciada la exportación de petróleo amazónico. Su destrucción ha ido a la par de la extracción del crudo. La riqueza de unos pocos explica la miseria de muchos, tanto como la misma destrucción de la Naturaleza. Y el bienestar para el Ecuador entero con el petróleo (o quizás por el petróleo) sigue siendo una entelequia.

En este momento cobra fuerza la necesidad de encontrar otros derroteros teniendo en cuenta que otros países pequeños sin petróleo (o minería) han resuelto de mucho mejor manera sus problemas: veamos los casos de Costa Rica y Uruguay. Esto desbarata aquel discurso que quiere comparar el actual Ecuador con un Ecuador sin petróleo.

4. La ética, punto medular de una economía de vida

Abordemos, por fin, lo que interesa en una economía de la vida. Es decir, una economía donde prime la ética. Una economía que debe aceptar sin rodeos que la vida no tiene precio. En este caso están en juego las vidas de seres humanos y de la Naturaleza.

La valorización del Yasuní-ITT solo debería realizarse a partir de múltiples consideraciones sobre su aporte a la biodiversidad y no solo por el petróleo que esta región pudiera contener. También deben considerarse los bienes comunes involucrados, como el aire y el agua. Pesa la lucha contra el calentamiento global, así como la protección de la biodiversidad y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas, en este caso especialmente de aquellos pueblos que no tienen voz: los pueblos en aislamiento voluntario. Bien anotó Humberto Campodónico, quien fuera presidente de Petroperú, al apoyar en el 2010 la Iniciativa Yasuni-ITT, que si no se explota el crudo de este Bloque,

“se dice que el calentamiento global no tendría por qué disminuir necesariamente, ya que la oferta de Yasuní-ITT podría ser sustituida por otros yacimientos. No sucede lo mismo con la biodiversidad, pues la de Yasuní es única y no puede ser sustituida, sucediendo lo mismo con los derechos de los pueblos indígenas a su diversidad cultural”.

Una economía de vida debe entender que los seres humanos somos Naturaleza y que no podemos colocarnos figurativamente al margen y menos aún encima de ella. Nos toca considerar la existencia de los seres no humanos independientemente de su utilidad para los seres humanos, más aún si tenemos los Derechos de la Naturaleza establecidos en la Constitución de Ecuador, que -en su artículo 71- manifiesta que La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Es más, si se habría respetado ese mandato constitucional y aquel que veda toda actividad extractivista en regiones donde haya evidencia de pueblos en aislamiento voluntario -artículo 57 de la Constitución- no se debió haber autorizado en ningún caso la explotación de crudo en el Bloque 43 o ITT.

Lo que interesa este rato, es que en esa región del Yasuní, gran parte del ITT permanece aún como pequeño fragmento intocado de una Naturaleza maravillosa. Se trata de ecosistemas cuya integridad estará en grave peligro si se mantienen las actividades petroleras y más aún si se amplia su frontera de penetración.

En suma, tenemos entre manos una suerte de Arca de Noé, pues el número de especies nativas supera con creces los existente en cualquier otro lugar del planeta: de árboles y arbustos más de 2.000, de réptiles 121, de mamíferos 204, de aves 610, de anfibios 150, de peces 250. Esta es una de las pocas reservas del pleistoceno, donde la vida no se ha interrumpido en los últimos millones de años, y continúa creando y recreando especies.

Este potencial de biodiversidad -una gigantesca reserva genética-, nos podría ofrecer incluso enormes ingresos a partir de los potenciales descubrimientos científicos -sobre todo en el campo de la medicina-, impulsando una adecuada y respetuosa prospección científica, sobre la base de un genuino diálogo de saberes, impidiendo, simultáneamente, que esos conocimientos sean aprovechados por las grandes farmacéuticas transnacionales.

Para completar este rápido repaso de cuestiones económicas trascendentales, debemos aceptar que el Yasuní es parte de la mayor reserva de agua dulce del planeta por una compleja y potente combinación de factores que hace de esa región una verdadera bomba de generación de agua. En su subsuelo se encuentra una enorme cantidad de agua dulce que puede ser afectada por la actividad petrolera. Los múltiples pantanos y ríos -sobre todo en el ITT- la caracterizan en su superficie. Y en este contexto, la formación de nubes da paso a los “ríos flotantes”, que son los que riegan gran parte de los Andes y de otras zonas de América Latina impidiendo la conformación de zonas desérticas como sucede en otros lugares del planeta. No está por demás hacer hincapié en la importancia que tienen las lluvias que provienen de la Amazonía para la Sierra e incluso para la Costa ecuatoriana, indispensables tanto para la agricultura como para los proyectos hidroeléctricos.

Este breve análisis económico se cierra destacando que, en ningún, caso, se puede poner en riesgo la vida de los seres humanos. Se trata de proteger los pueblos en aislamiento voluntario: Tagaeri, Taromenane, Dugakaeiri y quizás también Oñamenane. No se trata de una potencial amenaza. Recordemos nuevamente que con la actividad petrolera hace medio siglo se dio paso a la extinción de pueblos originarios como los Tetete y los Sansahuari, con cuyo nombre, irónicamente, se denominan dos campos petroleros en la misma zona donde antes ellos habitaban. A más de los destrozos ambientales que provocó dicha actividad extractivista, se registraron y registran todavía brutales afectaciones sociales y culturales a los indígenas Siona, Secoya, Cofán, Kichwa y Waorani.

Es bueno tener siempre presente que la violencia no es solo la consecuencia de los extractivismos, sean petroleros o mineros, sino una condición necesaria para su desarrollo; constatación que se extiende a la corrupción y al autoritarismo, basta ver como su imposición dividiendo comunidades: en la actualidad tenemos las divisiones profundas que provocan las petroleras, incluyendo Petroecuador, en las comunidades Waorani en la región del Yasuní.

La actividad petrolera ha arrasado con culturas y territorios. Para las petroleras -privadas o estatal- no cuenta que estos pueblos y nacionalidades, sus prácticas, sus lenguas, sus cosmovisiones sean inclusive parte integrante del patrimonio cultural del Ecuador. También cabría traer a colación los múltiples perjuicios a los colonos blanco-mestizos.

Es cierto que el ITT representa una pequeña fracción del total amazónico, pero dejar de forma consciente el crudo en el subsuelo y más aún retirar las instalaciones colocadas atropellando la Constitución y la democracia, sería una señal poderosa para empezar en serio a trabajar por este bioma fundamental para la vida en el planeta entero. Pero más aún esa sería una decisión colectiva para transitar oportuna- y planificadamente hacia una economía post-petrolera y post-extractivista. Esta sería, en suma, una gran oportunidad para dejar de ser un país-producto y así poder transitar hacia un país-inteligencia.

5. A modo de conclusión

Concluyamos, más allá de las miopes visiones de unos cuantos y de la codicia de otros, la explotación petrolera en el Yasuní no es rentable para el Estado ecuatoriano. Si damos paso a análisis de costo-beneficio ampliado, incorporando los subsidios ocultos a la extracción petrolera, desparecen totalmente los supuestos beneficios que ofrece la explotación del ITT. Es más, las escasas exportaciones del ITT no traerán el tan ansiado desarrollo, puesto que, además de no haberlo logrado en los más de 50 años de explotación petrolera, por ley los ingresos que genera el petróleo van al agobiante servicio de la deuda externa.

Por lo tanto, la Consulta Popular sobre el Yasuni -así como también la del Chocó-Andino, para prohibir la minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito- supera largamente el significado de las elecciones generales anticipadas. En estas consultas está en juego la vida de las próximas generaciones. Su potencial transformador es enorme en todos los órdenes de la vida nacional. Se trata de un paso importante en la difícil construcción de una utopía. No es “un suicidio asistido”, es un acto de redoblada fe en nuestras capacidades y nuestra voluntad de cambio.

Por eso, con UN SI CONCIENTE POR EL YASUNI Y EL CHOCÓN ANDINO se fortalecen los procesos de participación democrática, pues se pueden seguir construyendo más espacios similares en donde la ciudadanía decida su futuro sin intermediaciones. Se puede abrir la puerta a la construcción de una economía de vida superando la economía de muerte. Culturalmente será un impulso formidable para recuperar el vigor de una profunda transformación de la sociedad, teniendo a la juventud como su vanguardia y motor de la acción. Con un triunfo en estas consultas, en suma, se abre la puerta a continuar con los procesos de resistencia y de construcción de transiciones transformadoras, tanto para levantar colectivamente horizontes esperanzadores.

Inclusive con esta decisión se consolida la posibilidad para construir alternativas globales basadas en los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza para enfrentar el colapso ecológico -no solo climático-, a partir de los principios de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Sin caer en la trampa de las soluciones de mercado también podemos instrumentar respuestas basadas en la solidaridad internacional e intergeneracional. Estas estrategias encuentran su punto de partida en el reconocimiento de la deuda ecológica, de la que los países del Sur son los acreedores.

Desde esa perspectiva, el potencial que tiene, inclusive en el campo de internacional, una decisión favorable del pueblo ecuatoriano, es inocultable. Ecuador se colocaría una vez más -como fue con la aceptación constitucional de la Naturaleza como sujeto de derechos- a la cabeza de las acciones concretas para enfrentar el colapso ecológico que nos agobia como Humanidad.

En síntesis, el SI por el Yasuni, que es un SI por la vida, abre la puerta a una nueva y emocionante etapa en la vida nacional.-

EXONERACIONES, INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS

SUPERAN TOTAL DE INGRESOS PETROLEROS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DESDE 2014

-cifras en millones de dólares-

Fuente: Las Exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios se tomaron del Anexo de gasto tributario del Presupuesto General del Estado 2023. Los ingresos petroleros se tomaron de la Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador. Información proporcionada por la economista Wilma Salgado.

[1] Consultar en https://sialyasuni.com/wp-content/uploads/2023/06/ITT-Evaluacion-Economica-2022.pdf

[2] Repensar esta Iniciativa demandará mucha coherencia, no es una cuestión que puede ser improvisada. Tampoco se puede caer en lógicas mercantiles. Lo que cuenta es estaablecer una estrategia política de largo plazo a partir del principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas: los grandes países, responsables de las mayores destrucciones ambientales, tendrán que contribuir mucho más para enfrentar el colapso ecológico provocado por el capitaloceno. Recordemos lo difícil y complejo que fue ponerla en marcha. Recomendamos la lectura de este artículo de Alberto Acosta (2014): “La Iniciativa Yasuní-ITT – La difícil construcción de la utopía”. Disponible en  https://rebelion.org/la-dificil-construccion-de-la-utopia/

[3] Ver el reportaje en https://www.vistazo.com/estilo-de-vida/sostenibilidad/el-crudo-del-yasuni-alimenta-al-dragon-chino-DY5144353)

[4] Petroecuador no entregó los costos de extracción del crudo pesado del ITT, de menos de 15ºAPI, en la Corte Constitucional. Solo presentó un valor de 16 dólares por barril; faltaría el costo del capital, por lo menos.

[5] Ver la acción de Correa y Moreno en este artículo de Alberto Acosta y John Cajas-Guiarro (2018); “Del cinismo correísta al entreguismo “morenista”- Matices de una vil continuidad”. Disponible en https://rebelion.org/matices-de-una-vil-continuidad/

[6]  Consultar en https://www.primicias.ec/noticias/economia/cepal-evasion-tributo-ecuador/

[7] Esto no implica que no se pueda plantear una política tributaria progresiva para que los que más ganan y más tienen contribuyan más, incluyendo la revisión de la estructura a dichos subsidios.  Consultar la propuesta de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2022); “Por una solución integral al subsidio de los combustibles… una vez más”. Disponible en https://ecuadortoday.media/2021/08/26/por-una-solucion-integral-al-subsidio-de-los-combustibles-una-vez-mas/

[8] La balanza de pagos registra sistemáticamente la información sobre operaciones económicas de todo tipo que realiza un país con el resto del mundo, incluye exportaciones e importaciones, remesas de la migración, movimientos de capitales y créditos, transferencias y otros muchos rubros.

[9] El extractivismos petroleo y minero no llega ni al 0,5% de la población económicamente activa.

[10] Entendemos como “terrorismo económico” la acción de cualquier persona o institución u organismo que difunde noticias u opiniones infundadas o carentes de constatación empírica que pueden llevar a la población a la aceptación de posiciones sumisas frente a situaciones supuestamente inevitables. Esas acciones pueden ser procesadas a través de entrevistas, artículos periodísticos o incluso académicos, estudios “serios” o simples rumores. Esto, por ejemplo, sucede cuando de manera irresponsable o tendenciosa (porque se defiende de forma solapada algún interés particular) se amenaza con que si no se sigue explotando el petróleo del ITT caminamos hacia el abismo -peligra la dolarización, más desempleo o más ajuste fiscal- con el fin de sensibilizar a la opinión pública y así procesar una sumisa aceptación de las actividades petroleras.

[11] Sobre este “crecimiento empobrecedor” nos hablaba el profesor de la Universidad de Columbia, Jagdish Baghwaty, ya en 1959. La reducción de ingresos por una caída de los precios no se puede simplemente recuperar con un incremento de la tasa de extracción de crudo. Bien sabemos que todos los países con economías periférico-dependientes atadas a la exportación de recursos primarios caen en la trampa de forzar las tasas de extracción de dichos recursos, cuando sus precios bajan. Buscan, como sea, sostener sus ingresos por las exportaciones de dichos bienes. Esta realidad beneficia a los países centrales: un mayor suministro de materias primas -petróleo, minerales o alimentos-, en épocas de precios deprimidos, ocasiona una sobreoferta, reduciendo aún más sus precios.

[12] Usando el caso “optimista” de 2016: 1.672 millones de barriles de reservas, con escenarios con precios de 70 dólares por barril de crudo, en promedio la explotación del ITT debería generar 3.625 millones de dólares de ingresos netos anuales respectivamente. Pero estas cifras se diluyeron rápidamente… quedaron en el papel de la propaganda del gobierno de Rafael Correa.

[13] Consultar en https://elperiodicodelaenergia.com/petroecuador-estima-perdidas-15-353-millones-euros-gana-plebiscito-yasuni/

[14] Esta constatación se expande. Basta leer el artículo de Inty Groneberg (2023): “Mantener el petróleo del Yasuní ITT es mejor negocio”. Disponible en https://gk.city/2023/06/15/cuanto-perderia-ecuador-por-no-extraer-petroleo-yasuni/

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[15] Guayaquil está entre las 10 ciudades más amenazadas por el cambio climático y que en pocos años más se requerirán anualmente más de 3.000 millones de dólares para mitigar este fenómeno. (Ver en https://www.motherjones.com/environment/2013/08/map-top-cities-billion-dollar-floods/)

[16] Se puede consultar el Amicus Curiae de Carlos Larrea presentado en la Corte Constitucional: https://sialyasuni.com/wp-content/uploads/2023/06/Amicus-Curiae-Carlos-Larrea.pdf

[17] Los aportes del autor de estas líneas sobre el tema son múltiples. Consultar, por ejemplo, (2009) La maldición de la abundancia. CEP, Swissaid y Abya Yala. Quito. Disponible en https://extractivismo.com/2009/11/la-maldicion-de-la-abundancia/

[18] Consultar en Beristain, Carlos Martín, Rovira, Darío Páez, Fernández, Itziar (2010); Las Palabras de la selva – Estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador, hegoa, Bilbao. Disponible en https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/f6bf1e98-abf1-40f9-8c7f-3a396ddae5f6/content