Las ciencias sociales han sido vistas con excesiva suspicacia desde el poder. De manera general, se las ha considerado un reducto de la izquierda y de las agendas alternativas y contrahegemónicas; sobre todo, porque en su seno han germinado iniciativas políticas que oscilan entre la demolición del sistema y la exigencia de cambios estructurales.
Dos espacios han sido particularmente afines a las ciencias sociales. En primer lugar, la academia, con su inclaudicable reivindicación de la libertad de cátedra y del pensamiento crítico. La defensa de esta demanda ha llegado al extremo del sacrifico, tal como lo testimonia la represión de las universidades a manos de las dictaduras y los gobiernos autoritarios a lo largo de la historia moderna.
El otro espacio donde las ciencias sociales han encontrado sentido es el de la sociedad civil, que en el plano político se ha traducido en la apuesta por la denominada tercera vía. Organizaciones populares, sociales y no gubernamentales (ONG) se han nutrido de los insumos desarrollados y aportados por las ciencias sociales.
El develamiento de aquellas condiciones que generan pobreza, desigualdad e injusticia en la sociedad, y que contradicen el discurso capitalista respecto de las virtudes mágicas del utilitarismo mercantil, provoca reacciones rabiosas entre los beneficiarios del sistema y, en consonancia, de los gobiernos autoritarios que los secundan.
León Febres Cordero descalificó como sociólogos vagos a aquellos intelectuales y analistas que demostraban el fracaso de su política económica, o que denunciaban la violación de los derechos humanos. Rafael Correa promovió dos leyes que buscaban el sometimiento de la sociedad civil: una para subordinar a las ONG, y otra (el Plan Familia) para neutralizar a los movimientos de mujeres e imponer el control oficial sobre la sexualidad adolescente. Ahora, Daniel Noboa acaba de expedir un decreto para criminalizar a las fundaciones que se atrevan a objetar la ofensiva minera del Estado y de las corporaciones transnacionales.
La fórmula no tiene nada de novedoso. Históricamente, el poder siempre recela de las ideas, porque detrás de ellas anidan aspiraciones revolucionarias. O, al menos, de transformación de una realidad con la que las élites se sienten a gusto. No importa si se trata de élites tradicionales o nuevas. La clave está en desmontar las críticas que apuntan, en esencia, a la restricción de cualquier forma de libertad.
De esta manera los grupos de poder se atrincheran en el Estado en contra de la sociedad. Lo acabamos de confirmar durante el último paro indígena. Todo lo que suene a inconformidad con las políticas excluyentes del régimen debe ser acallado. Si la devastación minera está amparada por un cuerpo legal, entonces toca aceptarla sin chistar.
Octubre 30, 2025
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