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Tres narrativas dominantes compiten por el futuro de Gaza y la Palestina ocupada, pero solo una se está traduciendo en acciones consecuentes: la narrativa israelí de dominación y genocidio. Esta visión singular y violenta es la única respaldada por la fuerza bruta de la política y los hechos.
La primera narrativa pertenece a la administración Trump y es ampliamente aceptada por los aliados occidentales de Estados Unidos. Se basa en la afirmación interesada de que el presidente estadounidense Donald Trump resolvió personalmente la crisis de Oriente Medio, dando paso a una paz que supuestamente había eludido a la región durante miles de años. Figuras como Trump, su yerno Jared Kushner y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, se presentan como los artífices de un nuevo orden regional.
Esta narrativa es exclusiva, dominante y centrada en Estados Unidos. El propio Trump la ejemplificó cuando declaró «terminado» el conflicto de Gaza y presentó un «plan de paz» que evitaba estratégicamente cualquier compromiso claro con la creación de un Estado palestino. Toda la visión se basa en la diplomacia transaccional y en el rechazo del consenso jurídico internacional, posicionando la aprobación de Estados Unidos como la única medida de legitimidad.
La segunda narrativa es la de los palestinos, apoyada por las naciones árabes y gran parte del Sur Global. En este caso, el objetivo es la libertad y los derechos de los palestinos basados en el derecho internacional y los principios humanitarios.
Este discurso suele estar marcado por las declaraciones de altos funcionarios árabes. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, por ejemplo, afirmó el pasado mes de abril que la solución de dos Estados es «la única forma de lograr la seguridad y la estabilidad en esta región», y añadió una advertencia: «Si ignoramos el derecho internacional, (…) se abrirá la puerta a que prevalezca la ley de la selva». Este discurso sigue insistiendo en que el derecho internacional es fundamental para la verdadera paz regional.
La tercera narrativa es la de Israel, y es la única respaldada por una política concreta y agresiva. Esta visión se plasma en una violencia sostenida y sistemática contra la población civil, en agresivas confiscaciones de tierras, en demoliciones deliberadas de viviendas y en declaraciones explícitas del Gobierno de que nunca se permitirá la creación de un Estado palestino. Sus actores actúan con una impunidad escalofriante, creando rápidamente hechos irreversibles sobre el terreno. Fundamentalmente, la falta de rendición de cuentas por esta violencia generalizada es la razón principal por la que Israel ha podido mantener su devastador genocidio en Gaza durante dos años completos.
Esta narrativa no es teórica, sino que se articula a través de los escalofriantes actos y las iniciativas legislativas de los más altos funcionarios del Gobierno.
El 8 de diciembre, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, apareció en una sesión del Knesset con un pin en forma de soga mientras impulsaba un proyecto de ley de pena de muerte dirigido a los prisioneros palestinos. El ministro declaró abiertamente que la soga era «solo una de las opciones» a través de las cuales se aplicaría la pena de muerte, y enumeró «la opción de la horca, la silla eléctrica y (…) la inyección letal».
Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció una asignación de 843 millones de dólares para ampliar los asentamientos ilegales durante los próximos cinco años, lo que supone un paso enorme hacia la anexión formal. Esta financiación sin precedentes se destina específicamente a reubicar bases militares, establecer grupos de absorción de casas móviles y crear un registro catastral específico para formalizar el control del Gobierno israelí sobre el territorio palestino ocupado.
Esta política de expansión territorial está consolidada por el jefe ideológico del Gobierno, ya que el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó claro que «no habrá un Estado palestino. Es muy sencillo: no se creará», calificando su posible creación como «una amenaza existencial para Israel». Este rechazo inequívoco confirma que la estrategia oficial del Gobierno israelí es la expansión territorial pura y simple y la negación permanente de la autodeterminación palestina.
Ninguno de estos funcionarios israelíes muestra el más mínimo interés en el «plan de paz» de Trump ni en la visión palestina de la creación de un Estado. El objetivo principal de Netanyahu es garantizar que nunca se aplique el derecho internacional, que no se establezca ninguna apariencia de soberanía palestina y que Israel pueda infringir la ley en el momento y de la manera que elija.
El hecho es que estas narrativas no pueden seguir coexistiendo. Solo una responsabilidad real —a través de la presión política, legal y económica— puede detener el avance de Israel hacia la continuación de su campaña genocida, la destrucción y la legislación punitiva. Esto debe incluir la rápida imposición de sanciones a Israel y a sus altos funcionarios, embargos armamentísticos integrales contra Tel Aviv para poner fin a las guerras en curso y la plena rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Mientras la narrativa pro-palestina carezca de las herramientas para hacer cumplir sus principios, Israel y sus partidarios occidentales no verán ninguna razón para cambiar de rumbo. Los Estados deben sustituir los gestos simbólicos y dar prioridad a medidas de responsabilidad agresivas y proactivas. Esto significa ir más allá de la simple condena verbal y aplicar una presión jurídica y económica concreta.
Israel está ahora más aislado que nunca, con una opinión pública que se derrumba rápidamente en todo el mundo. Las fuerzas pro palestinas deben aprovechar este aislamiento mediante una acción diplomática coordinada y decisiva, impulsando un frente global unificado que exija el cumplimiento del derecho internacional y que haga responsables a Israel y a sus numerosos criminales de guerra por sus crímenes en curso.
Una paz duradera solo puede construirse sobre la base de la justicia, no sobre la realidad militar establecida por un agresor que no duda en recurrir al genocidio al servicio de sus designios políticos. Esta es la frontera moral innegable: enfrentar y desmantelar la impunidad que permite a un Estado utilizar el exterminio como herramienta política.
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