La Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrió, entre el 4 y 5 de febrero de 2026, la primera etapa testimonial del juicio político contra Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Lo que se escucha en esa mesa no es un pleito menor entre bloques: es una radiografía de cómo se erosiona la independencia judicial cuando la máxima autoridad administrativa del sistema de justicia aparece —por acción u omisión— vinculada a presuntas presiones, decisiones disciplinarias sin estándar técnico claro y falta de garantías para jueces que enfrentan crimen organizado.
Desde una perspectiva crítica (y a la vez rigurosa), la pregunta de fondo no es si Godoy “cae bien” o “cae mal”, sino si puede seguir sosteniendo la legitimidad de una institución que debería blindar a la justicia del poder político, económico y criminal. Hoy, la evidencia pública disponible apunta a que no. Y por eso, aunque el proceso legislativo deba respetarse, Godoy debería salir del cargo.
Un juicio político que nace de una línea roja: presuntas interferencias
En la Comisión se recogieron testimonios como el de la exvocal Solanda Goyes, quien sostuvo que habría existido interferencia o intentos de influir en el juez anticorrupción Carlos Serrano para favorecer a un extranjero condenado por lavado de activos y vinculado a redes de narcotráfico. Su planteamiento retoma un principio básico: un juez no debería recibir llamadas, visitas ni “sugerencias” sobre cómo fallar, y menos en casos de crimen organizado.
A esto se sumó el abogado Ramiro García, quien cuestionó la consistencia técnica de decisiones disciplinarias del CJ en casos comparables y habló de indicios de presiones sobre Serrano, lo que —de comprobarse— encajaría en la causal de incumplimiento de funciones por vulnerar la independencia judicial.
El punto más grave: un juez anticorrupción sin protección efectiva
Pero hay un elemento que, incluso por encima del ruido partidista, debería alarmar a cualquier país que diga defender el Estado de derecho: la seguridad.
Serrano no solo fue convocado a testificar: su caso se volvió un símbolo de la fragilidad institucional. Reportes periodísticos señalan que el juez habría sufrido amenazas y que pidió comparecer de forma telemática; en paralelo, se ha documentado un contexto de atentados y presión sobre operadores de justicia, con una protección estatal insuficiente.
Aquí la crítica es estructural: cuando el Estado no protege a quienes juzgan a mafias, no solo se pone en riesgo una vida; se normaliza el mensaje de que el crimen organizado puede disciplinar a la justicia por miedo. Eso golpea a toda la sociedad, pero impacta con especial dureza a quienes ya viven vulnerabilidades: mujeres, juventudes, territorios periféricos y poblaciones empobrecidas que dependen de un sistema judicial que funcione para defender derechos y no para administrar silencios.
Conflictos de interés: la credibilidad no es un detalle “administrativo”
En este caso también se ha puesto sobre la mesa un posible conflicto de interés: publicaciones señalan que la esposa de Godoy habría estado vinculada a la defensa del procesado en una fase inicial, mientras se denunciaban presiones alrededor del tribunal que lo condenó. Más allá de lo que se pruebe judicialmente, en cargos de esta naturaleza la regla democrática es clara: la apariencia de conflicto ya degrada la confianza pública y obliga a decisiones de responsabilidad política.
¿Y la defensa? Sí: hay que escucharla
Ser objetivo también implica decirlo: la defensa de Godoy ha intentado desacreditar algunos testimonios, señalando que serían más opiniones que hechos directos, y que ciertas afirmaciones no provendrían de participación personal en sesiones específicas. Eso debe incorporarse al análisis y al expediente.
Pero hay un problema que la defensa no resuelve: la Judicatura no puede funcionar con la sombra permanente de “presiones”, “protección retirada” o “disciplinas selectivas”. Aunque la investigación penal y el juicio político sigan su curso, la conducción institucional exige algo inmediato: recuperar confianza y garantizar independencia real.
Por qué Godoy debería salir, incluso si después se determina responsabilidad (o no) en otras instancias
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Gobernabilidad del sistema judicial: el CJ administra carrera judicial, disciplina y condiciones de trabajo. Con desconfianza instalada, cualquier decisión se vuelve sospechosa.
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Señal a jueces y fiscales: si quien denuncia presiones termina aislado o desprotegido, el mensaje para el resto es “cállate o te toca”.
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Prevención democrática: la justicia capturada o intimidada es un camino directo a autoritarismos, corrupción y pactos mafiosos.
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Responsabilidad política: no se trata de condenar sin sentencia; se trata de reconocer que el cargo exige estándares más altos que “no hay prueba definitiva aún”.
Lo mínimo que el país debería exigir (con Godoy fuera)
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Un mecanismo verificable de protección para operadores de justicia en casos de crimen organizado.
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Transparencia total en decisiones disciplinarias: criterios públicos, trazabilidad y control social.
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Protocolos estrictos de conflicto de interés y puertas giratorias.
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Una Judicatura que rinda cuentas no solo al poder, sino a la ciudadanía y a los territorios donde la violencia se ensaña.
La Comisión recién está en fase testimonial, y el debido proceso importa. Pero la política también tiene una función ética: evitar que el Estado se acostumbre a operar bajo sospecha. Con el nivel de cuestionamientos descritos —presiones denunciadas, crisis de protección y posibles conflictos—, lo responsable es que Mario Godoy deje la Presidencia del Consejo de la Judicatura para no seguir debilitando a la institución que debería blindar la independencia judicial.
Fuente: Asamblea Nacional.
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