¿URGENCIA ECONÓMICA O URGENCIA MINERA?

Por: Gabriela Eljuri Jaramillo

La mayoría de ecuatorianos, en las urnas y en las calles, hemos defendido reiteradamente la naturaleza. Sin embargo, en un país donde el presidente confunde mandatario y mandantes, desvirtúa la distancia entre lo público y lo privado y, permanentemente, soslaya la ley y las instituciones, los derechos de la naturaleza siguen en riesgo.

Esta vez, la alerta surge frente al Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Lo ha hecho, nuevamente, abusando del estado de excepción, hoy convertido en regla y en forma habitual de gobierno.

Al presentarse como de urgencia económica, se activa un mecanismo que obliga a la Asamblea a resolverlo en 30 días. Triple trampa:

1. El plazo impide un debate serio.

2. Si el Legislativo no cumple, la propuesta entra en vigencia por el Ministerio de la Ley.

3. Si la Corte Constitucional se pronuncia después, lo hará sobre hechos consumados y en medio del desgaste y pugna con el Ejecutivo, propiciados por el propio gobierno.

Por otra parte, lejos de garantizar los derechos de la naturaleza y de los ecuatorianos a un ambiente sano, la iniciativa rompe con los principios de precaución y prevención que la Constitución manda, al igual que con los derechos que tienen los pueblos y nacionalidades a ser consultados sobre la adopción de medidas legislativas que puedan afectar sus derechos colectivos.

Desafíos al control ambiental

En nombre de la simplificación de trámites, el proyecto sustituye la licencia ambiental por una autorización que, como han explicado los expertos, disminuiría la rigurosidad, calidad y exigencias del control técnico, ambiental y social. Además, se unifican las subfases de la fase de exploración que, desde el principio de prevención, requieren procesos técnicos diferenciados.

Las empresas mineras, además de las prebendas que ya tienen, contarían con:

• Un sistema de interconexión eléctrico.

• Infraestructura vial y para abastecimiento de combustibles.

• Incentivos para la adquisición de explosivos.

• La protección de las fuerzas armadas, cuya razón de ser es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, mas no de intereses transnacionales privados.

Todo indica que lo que el gobierno justifica como urgencia económica es en realidad urgencia de su agenda extractivista minera, por encima del cuidado de la vida. ¿Responderán los asambleístas, al menos esta vez, con la responsabilidad que exige el pueblo que los eligió? El Quinto Río observa a sus legisladores.

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