El 3 de noviembre se celebrará un referéndum para aprobar una tasa del 5 % sobre el patrimonio de los multimillonarios de Silicon Valley, con el que se espera recaudar 100.000 millones de dólares y servir de ejemplo para otros estados
Por Gabriel Zucman / Substack
No nos privemos de este motivo de alegría: la aprobación del referéndum por el proyecto de impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios californianos, oficializada recientemente, supone una inmensa victoria para las fuerzas democráticas de todo el mundo.
Esta votación, que tendrá lugar el 3 de noviembre de 2026, constituirá sin duda uno de los retos más importantes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Pero, sobre todo, podría impulsar un movimiento mundial para someter por fin la riqueza extrema a la autoridad del poder público.
Me gustaría contaros aquí el origen de esta propuesta, las maniobras que sus adversarios han llevado a cabo entre bastidores para hacer que fracase y las promesas que conlleva, mucho más allá de California.
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Todo comienza en la primera mitad de la década de 2010.
Desde 2013, mi colega de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez y yo intentamos cuantificar de forma objetiva las desigualdades en Estados Unidos.
Analizando minuciosamente las declaraciones de la renta, las encuestas a los hogares, las estadísticas de contabilidad nacional y otras fuentes, elaboramos un análisis exhaustivo de la distribución de los ingresos y del patrimonio en Estados Unidos, que abarca a toda la población, desde las clases populares hasta el 0,0001 % más rico.
Los resultados de este trabajo, que se actualizan cada trimestre, están disponibles en esta página web.
A finales de la década de 2010, tras tantos años viendo cómo se disparaban las curvas –tanto bajo presidencias republicanas como demócratas– y constatando las consecuencias de la explosión de las desigualdades para la democracia estadounidense, nos pareció, al igual que a muchos otros investigadores, que limitarse a describir la situación ya no era suficiente.
Nuestro libro El triunfo de la injusticia, publicado en 2019, formulaba así una serie de propuestas para frenar la espiral de desigualdad en Estados Unidos.
Pero esta obra se situaba desde una perspectiva federal (e incluso mundial), dejando de lado los márgenes de maniobra disponibles a nivel de los distintos estados que constituyen los Estados Unidos de América.
¿Qué puede hacer, entonces un solo estado como California?
Cada estado decide su política fiscal –lo cual supone una gran ventaja– sin tener que preocuparse por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, actualmente en manos de jueces ultraconservadores. Los impuestos federales se suman a los que se recaudan en los distintos estados.
Ahora bien, las grandes fortunas de Silicon Valley han experimentado un crecimiento especialmente vertiginoso. Desde 1982, la riqueza de los multimillonarios californianos –el 0,0002 % más rico– se ha multiplicado por 30. Aumentó un 144 % tan solo entre 2023 y 2025.
Los multimillonarios californianos, que apenas suman 250, poseen ahora una fortuna de 2,3 billones de dólares, lo que equivale al 50 % del PIB de California y a aproximadamente el 10 % de la riqueza total de este estado.
Para reducir las desigualdades en el Golden State, el punto de partida más lógico consistiría en gravar esa riqueza extrema. Y California puede hacerlo sin riesgo de que un impuesto sobre el patrimonio sea declarado inconstitucional, ya que no es necesaria la aprobación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
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Durante mucho tiempo, hemos predicado en el desierto.
Pero en julio de 2025 se produjo un primer punto de inflexión, con la promulgación por parte de Donald Trump de la ley titulada sobriamente “One Big Beautiful Bill Act”: un conjunto de medidas presupuestarias que reducían drásticamente la financiación de Medicaid, el programa federal de seguro médico destinado a los estadounidenses más desfavorecidos.
Fue entonces cuando, para compensar esos devastadores recortes presupuestarios, el sindicato SEIU-UHW, que representa a los trabajadores sanitarios de California, decidió organizar una recogida de firmas para someter a referéndum un gravamen excepcional –inspirado en nuestro trabajo– equivalente al 5 % de la fortuna de los multimillonarios de ese estado. Un impuesto que recaudaría cerca de 100.000 millones de dólares.
Presas del pánico, los multimillonarios han hecho todo lo posible por bloquear la medida. Todo.
Esta iniciativa debía reunir primero alrededor de un millón de firmas para someterse a referéndum el próximo mes de noviembre. ¿Qué han hecho los multimillonarios en los últimos meses? Han invertido sumas colosales para impedir que el sindicato consiga el millón de firmantes necesario.
Así, han gastado cientos de millones de dólares y han utilizado todos los medios a su alcance. Según algunas fuentes, incluso habrían llegado a pagar a personas sin hogar (!) para sabotear la medida. Esto lo dice todo de su nerviosismo.
Pero todas sus maniobras han fracasado: el pasado 18 de junio, la propuesta de ley recibió suficientes firmas para poder figurar en la papeleta electoral del próximo mes de noviembre.
Nuestros adversarios no se han dado por vencidos y lo han intentado todo hasta el último minuto para que se retirara la medida, antes de la fecha límite fijada para el 25 de junio. Han podido contar con el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha trabajado entre bastidores para sabotear la propuesta y proteger a los ultra ricos hasta el final.
A pesar de estas presiones políticas, el sindicato se mantuvo firme. Así pues, desde el 25 de junio, ya es oficial e irreversible: los ciudadanos californianos votarán el próximo 3 de noviembre para gravar a los multimillonarios de Silicon Valley. El pueblo decidirá.
Se trata de una victoria parcial de enorme importancia.
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La campaña que ahora comienza será decisiva, no solo para California, sino también, en general, para Estados Unidos y el mundo entero.
Porque, en primer lugar, para California, los 100.000 millones de dólares que se esperan recaudar con este impuesto constituyen una fuente de ingresos esencial para financiar la asistencia sanitaria de millones de personas que, de lo contrario, correrían el riesgo de perder el acceso a la atención médica, como consecuencia de los recortes previstos en la ley “One Big Beautiful Bill Act”.
Y más allá de eso, es muy probable que, si gana el “sí”, el impuesto californiano podría ser imitado muy pronto por otros estados, como Nueva York, Washington o Massachusetts. Con el tiempo, este proceso tendría todas las posibilidades de desembocar en la creación de un impuesto federal sobre la riqueza extrema.
Esto es precisamente lo que ocurrió hace más de un siglo con el impuesto progresivo sobre la renta, que se implantó primero a nivel estatal, antes de que el Gobierno federal se sumara a la iniciativa en 1913.
Con una coalición de estados lo suficientemente amplia, o mejor aún, con un impuesto federal, ya no habría ningún obstáculo para pasar de un gravamen excepcional a un impuesto anual sobre las mayores fortunas, ya que los ciudadanos estadounidenses no podrían eludir el impuesto mudándose al extranjero.
Esta dinámica ya se ha producido en otras ocasiones a lo largo de la historia.
Así, en 1978, California estuvo a la vanguardia de la revuelta contra los impuestos al aprobar la famosa “Propuesta 13”, que limitaba el impuesto sobre bienes inmuebles, presagio de la revolución conservadora que triunfaría unos años más tarde en el resto de Estados Unidos –y posteriormente en gran parte del mundo–.
Medio siglo después, la historia bien podría repetirse, pero a la inversa.
Es el horizonte de la justicia fiscal mundial el que se perfila en el referéndum del Golden State: la votación de noviembre de 2026 podría marcar el pistoletazo de salida de un movimiento global para poner fin a la impunidad fiscal de los ultrarricos –impunidad que, ni mucho menos, es exclusiva de Estados Unidos–.
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