Carlos Castro Riera
La muerte de la periodista Mónika Silva Koniuszek, en la provincia de Santa Elena, el asesinato de los defensores del agua y el ambiente, Manuel Cabrera y de Remigio Guamán en El Oro, la persecución de dirigentes, fundaciones y organizaciones vinculadas a la defensa de la naturaleza, el ataque a la comunidad ancestral kichwa Tzawata-lla-Chukapi en Napo, la muerte de tres indígenas en las Comunidades de Taruka y Etsa, en la provincia de Sucumbíos, el asesinato de Lady Gissela Pachar Huang, juez de la Unidad Penal de Santa Rosa, el asesinato a la Fiscal de Manta, Alexandra Bravo junto a su hermana, las masacres en Durán en la madruga del 7 de junio y en Guayaquil el 14 de junio del 2026, son solo una muestra de que continúa la violencia y la inseguridad en el país, pues según la información vinculada con el último decreto de estado de excepción, entre el 1 de mayo y el 12 de junio, se han producido 879 homicidios.
Pero dentro de la estadística de violencia, existen patrones, estructuras, tendencias o regularidades, donde hay que distinguir los casos relacionados con: delincuencia común, minería ilegal, narcotráfico, corrupción y defensa del agua y el ambiente.
En este escenario social de inseguridad y violencia, preocupa la persecución cada vez más sistemática y aguda del gobierno a personas y organizaciones defensoras del agua para los pueblos, el territorio para la agricultura, las tierras y bosques comunales, las selvas orientales como hábitat natural de las etnias y pueblos originarios, mientras que, por otro lado, se favorecen y aceleran proyectos mineros sin cumplir con todos los pasos previos que exige la legalidad.
Pero de igual manera preocupa que las personas que investigan y denuncian la corrupción en las instituciones del Estado, sean acosadas, amenazadas, perseguidas y finalmente eliminadas, lo que significa que la gente honrada y decente vive en la inseguridad, mientras que los presuntos involucrados en corruptelas de las instituciones públicas, estén gozando de tranquilidad y hasta de protección.
En este contexto, se ha expedido el Decreto Ejecutivo 423 del 16 de junio del 2026, con el que se declara un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar), por 60 días y con suspensión, en las provincias y cantones referidos, de los derechos a la inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia.
Con esto se confirma que el Ecuador vive un estado de excepción permanente, y que, como señala Fernando vega. la excepción se convirtió en regla, pues en los 937 días del gobierno de Noboa, se han dictado 14 estados de excepción con un estimado de 900 días.
Resulta entonces, que, también se vivirá el proceso electoral en un estado de excepción, ya que éste se extenderá hasta el 16 de agosto del 2026, y quien sabe que luego se dé otra declaratoria de estado de excepción, lo que de por si genera lógicas inquietudes políticas.
En estas circunstancias, es urgente que, el gobierno nacional, se encamine en la búsqueda de consensos para estructurar políticas públicas de seguridad con los GAD y los sectores organizados de la ciudadanía o sociedad civil, donde el cardenal Luis Cabrera, con su experiencia en otros diálogos entre Estado-Sociedad Civil, podría cumplir un rol de generar acercamientos y coordinar la articulación de instancias organizativas para tal efecto.
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