El borroso caso de Luisa González
Por Juan Cuvi
La prisión preventiva de Luisa González, alta dirigente y excandidata presidencial del correísmo, coloca al país, una vez más, frente a un dilema catastrófico: la descomposición de la institucionalidad. La política y la justicia están tan desprestigiadas que cualquier cosa que salga de estas dos instancias, ya sea para bien o para mal, será vista por la ciudadanía con total desconfianza.
El principal problema radica en la estrategia a la que recurren nuestros políticos criollos cuando son imputados por un delito de corrupción: negar todo a pesar de las evidencias. Como en el chiste del ladrón capturado con el chancho al hombro, responden hechos los sorprendidos: ¡mierda, se me ha subido un chancho! Lo demás viene por añadidura. Empieza entonces una intensa actividad mediática, de cabildeo y de compadrazgo para conseguir decisiones judiciales y políticas favorables.
En el caso que nos ocupa, hay que plantearse tres hipótesis: una, Luisa González es una perseguida política por tratarse de una figura incómoda para el poder de turno; dos, como parte de sus actividades políticas, incurrió en actos de corrupción penados por la ley; tres, ella forma parte de una estructura criminal que la promovió expresamente como punta de lanza del crimen organizado en su estrategia de copar el Estado. Cualquiera de las tres hipótesis tendrá que ser probada o desechada como producto de una investigación judicial seria e independiente, algo difícil de lograr considerando la situación de la administración de justicia.
Mientras tanto, el gobierno continúa con su ofensiva para sacarse de en medio a sus adversarios electorales, sin importarle el efecto desastroso que inflige a la fe pública. Porque la polarización ya está instalada entre quienes creen a fe ciega en la inocencia de Luisa González y quienes le desean el mayor de los castigos. Y en esas condiciones, lo que más se ve afectado es el sentido fundamental de la justicia. El pueblo jamás tendrá la certeza sobre su inocencia o su culpabilidad. Algo tan elemental como la verdad se convierte en una opinión.
La erosión institucional es una maniobra aplicada por los políticos corruptos aliados o asociados al crimen organizado. El caos favorece la informalidad, un terreno donde medran los que poseen dispositivos de fuerza concretos. Por ejemplo, extorsionar, amedrentar o eliminar a los funcionarios públicos. Pero, sobre todo, conseguir que la ley del más fuerte se imponga. A la brava se obtienen sentencias, candidaturas y hasta triunfos electorales.
Como complemento de esta maniobra, también se apunta a diluir casos traumáticos para la conciencia nacional, como el asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, los correístas directamente vinculados con este crimen también podrán alegar que son perseguidos políticos, y dar paso a lo que sería una de las mayores ignominias de la historia nacional: la impunidad de los culpables.
Octubre 27, 2026
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