Reducir la violencia delincuencial que azota al país a un tema policial y judicial es una manera muy olímpica de esquivar el bulto. Sirve para atribuirle a factores conductuales e institucionales una problemática que amenaza con desbordar la propia estructura del Estado. Todo queda reducido a recetas que, por su obviedad, ya no producen ningún efecto: incremento de policías, endurecimiento de penas, estrategias de rehabilitación carcelaria y un largo etcétera que únicamente abona a la impotencia ciudadana.
Hasta hace una década aproximadamente, el Ecuador vivió encapsulado en una problemática delictiva que podría calificarse como genérica: delitos comunes y conocidos frente a los cuales existían ciertas condiciones de control. El fenómeno larvado del narcotráfico, que crecía sin mayores obstáculos, proyectaba la falsa imagen de que nunca pasaría de su condición de oruga; el embrollo se presentaba fronteras afuera, básicamente en el traslado de droga hacia otros países.
La violencia interna relacionada con el crimen organizado era inconcebible en nuestra isla de paz. Colombia y México reflejaban realidades distantes, lejanas, ajenas. Por eso, cuando el monstruito salió del capullo, nos cogió a todos desprevenidos. Más bien dicho, espantados. Porque la amenaza es mucho más grave de lo que suponíamos.
La inseguridad extrema que vive la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, no se debe a la descomposición de una sociedad históricamente sometida a la pobreza y la marginalidad. Lo que allí ocurre no es un tema de cometimiento de delitos; es un tema de poder. Cuando los grupos criminales se proponen disputas territoriales es porque han avanzado a un nivel superior de intervención. Esas disputas, en la práctica, están dirigidas en contra del Estado, más allá de que se manifiesten en una infinidad de acciones violentas cotidianas. Es cierto que la cantera del sicariato es la pobreza. Los jóvenes que se involucran buscan opciones desesperadas a su destierro social. Pero quienes manejan a los sicarios tienen proyecciones estratégicas.
En la zona minera de Molleturo, parroquia rural de Cuenca, acaban de asesinar a tiros a una señora embarazada de cinco meses. ¿La causa aparente? Pues que ella se movilizaba en una grúa que se negó a remolcar un camión dañado que transportaba material aurífero. ¿La causa de fondo? Que toda la zona se ha convertido en un territorio de disputa minera, con enfrentamientos cada vez más violentos entre comunidades, policías y guardias de seguridad de las empresas transnacionales.
No se trata, entonces, de una violencia delictiva común. Estamos frente a un problema global que se desmenuza en espacios locales, pero que responde a lógicas capitalistas planetarias. La demanda internacional de minerales, con frecuencia atravesada por estrategias oscuras, subrepticias y corruptas, promueve la inmisericorde devastación de extensas zonas del planeta. Poco importa que las condiciones de extracción sean artesanales o industriales, ilegales o formales, pacíficas o violentas; el objetivo es el mismo.
Octubre 24, 2022
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