El Proceso de Quito y la Declaración de Quito pusieron en evidencia la situación de la población venezolana exiliada por la situación social y económica en Venezuela. Millones de personas salieron de Venezuela buscando lugares donde vivir, desarrollarse, tener hijos y poder construir proyectos de vida en condiciones de libertad, buscando un bienestar al cual, en su país, no podían acceder.
Como uno de los efectos de la depresión económica en América Latina, postpandemia, la crisis golpeó a absolutamente toda la región y la respuesta más inmediata fue la de migrar, incrementando el éxodo ya activo en zonas de abandono, como el tapón del Darién.
Así, la migración irregular, en contubernio oportunista de los grupos de crimen organizado, llevaron a una gran masa de latinoamericanos a vender chicles en las calles de Nueva York, o a construir casas en donde sea posible. Esta masa de fuerza laboral alimentó de cierta manera el repunte económico de los últimos 4 años en Estados Unidos, y ahora, en un revés cegado por fundamentalismos ideológicos; esta masa laboral es regresada obligatoriamente, deportada, a sus países de origen.
Más allá de las formas, es necesario conocer que los niveles de desempleo en el Ecuador, la forzada informalidad, la ausencia de capital circulante, no son un escenario adecuado para la integración socio económica de toda esta masa laboral expatriada y repatriada. La presión adicional en los sistemas e instituciones recaerá en los mermados servicios sociales, de salud, educación, vivienda incipiente; que no se encuentran en condiciones de responder a las necesidades de la población actual, mucho menos de la población que se estima (más de 31000 personas) llegaría en los próximos días.
Ante esto, las elecciones representan un espacio en el que se propone el baratillo de ofertas, en donde pocos candidatos y candidatas tienen una propuesta clara para el Estado más allá del gobierno. Es necesario identificar los discursos de reducción del Estado para contrastarlos con la realidad, desmitificando los prolegómenos del libre mercado y reconociendo que, todos los países que se dignan en llamarse países tienen un Estado de Bienestar y una red de protección social para responder a su ciudadanía.
Sin embargo, y tomando en cuenta el tiempo reglamentario para el cambio de gobierno, ¿está este gobierno preparado para esta presión adicional de masa laboral desempleada?
Ante la observación de la realidad, fuera de la burbuja, claramente no.
Adicionalmente, los programas de asistencia humanitaria y la Ayuda Oficial al Desarrollo, de nuestro principal donante – del cual somos extremadamente dependientes – ha decidido hacer un paro total durante los próximos 90 días. Esto ya ha tenido sus efectos, no solo en la entrega directa de asistencias, sino en la situación del sector de protección social, que desde 2021 en adelante y por efecto de la desinversión de los gobiernos en la red de protección social, o desvío de prioridades (a material de comunicación, más que bienes y servicios sociales); fue migrando también hacia fuentes de financiamiento relacionadas con la cooperación. Aquí, hay una masa de trabajadores especializados en el sector de la protección social, que también son arrojados sin más a la masa de desempleo.
¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Hay soluciones desde el Estado?
Recordar nada más que el sector privado también se encuentra golpeado y la situación general de desempleo ralentizará el consumo, y por tanto, las ganancias del sector productivo.
¿Tenemos, en este momento, proyectos o planes que respondan a esta emergencia?
Claramente no. Como ciudadanía esperaremos el embate de esta crisis, que durante los próximos 6 meses se verá en clara competencia con los intereses caudillistas electoreros que se encuentran enfocados, en cualquier otra cosa.
Viva La Libertad! Carajo!
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